Ecologistas piden a Sánchez una reforma fiscal que grave la contaminación, el diésel, la caza o la ganadería industrial

  • Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF proponen al Gobierno reformas concretas de los impuestos actuales para incorporar criterios ambientales.
  • Quieren que la recaudación de estas medidas se destine íntegramente a la transición ecológica.
<p>Macrogranja.</p>
Macrogranja.
GUNNAR RICHTER (WIKIMEDIA)
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Las organizaciones Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han pedido al Gobierno encabezado por Pedro Sánchez reformas concretas de los impuestos actuales para incorporar criterios ambientales y hasta 13 nuevos impuestos que incentiven o penalicen determinadas actividades, conductas y decisiones de los agentes económicos (las empresas, los gobiernos, las familias y las personas individuales) según su impacto ambiental.

El documento 'Propuestas de fiscalidad ambiental: avanzando hacia un mundo más justo y sostenible', incluye reformar impuestos como el IVA, el IRPF o el Impuesto sobre Sociedades para que primen actividades más sostenible, tasas sobre los hidrocarburos para penalizar a los combustibles más contaminantes o gravar la generación de CO2 y disuadir de la producción de la energía nuclear.

También demandan la creación de nuevos impuestos como el del vertido e incineración de residuos, sobre la caza, el consumo de plaguicidas o la extracción de agua subterránea; o un impuesto sobre la ganadería intensiva o industrial, que grave el impacto ambiental que provoca la generación de purines o las emisiones de metano, son algunas de las medidas que piden los grupos ecologistas.

La fiscalidad ecológica, defienden, "es un medio para incentivar cambios de comportamiento que se consideran positivos desde el punto de vista ambiental".

Del mismo modo ven "importante" que la recaudación obtenida de esta política fiscal sea finalista y que se destine íntegramente a facilitar la transición ecológica y alcanzar un modelo socioeconómico acorde a los límites del planeta.

En su argumentación defienden que "dada la situación de urgencia ambiental en la que nos encontramos (cambio climático, pérdida de biodiversidad, aumento de los residuos y de la contaminación química), esta reforma fiscal es urgente y deberá trasladar a sus responsables los costes ambientales de determinadas actividades económicas impactantes o el uso de productos contaminantes, además de bonificar la realización de buenas prácticas".

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