Tras el rescate de Julen, la investigación se centra en las posibles responsabilidades penales

Uno de los camiones pluma que trabajaron en las labores de rescate de Julen abandona la zona.
Uno de los camiones pluma que trabajaron en las labores de rescate de Julen abandona la zona.
Álvaro Cabrera / EFE
La investigación sobre la muerte de Julen, el menor de dos años cuyo cuerpo fue localizado sin vida casi 13 días después de caer en un pozo de la localidad malagueña de Totalán, se centra por el momento en determinar si hay responsabilidades penales relacionadas con ese agujero,  por el que se precipitó, y las condiciones en las que se encontraba.

La investigación sobre la muerte de Julen, el menor de dos años cuyo cuerpo fue localizado sin vida casi 13 días después de caer en un pozo de la localidad malagueña de Totalán, se centra por el momento en determinar si hay responsabilidades penales relacionadas con ese agujero,  por el que se precipitó, y las condiciones en las que se encontraba.

Según han apuntado fuentes de la investigación, tras abrir diligencias el pasado 14 de enero —un día después de la caída de Julen—, el Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga requirió a la Guardia Civil toda la información de la que dispusiera. Dicho cuerpo, en concreto el Servicio de Protección de la Naturaleza, remitió un informe que llegó a la instructora el día 17 de enero, con las gestiones realizadas hasta ese momento.

En ese documento, que incluye estudios urbanísticos de la zona, se indicaban las posibles infracciones en cuanto al pozo, como que las obras no contaban con autorización alguna, la ausencia de medidas de seguridad y los movimientos de tierra en la zona; así como las declaraciones testificales del que hizo la prospección y del dueño de la finca, en las que aparecerían "contradicciones", según las fuentes.

El cuerpo de Julen fue encontrado a las 01.25 horas de la madrugada del pasado sábado por los equipos de rescate que lo buscaban en el pozo de tan sólo 25 centímetros de diámetro. La posición que tenía "hace determinar que la caída fue libre y rápida hasta la cota en la que se le encontró", que fueron unos 71 metros, según dijo el sábado Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, delegado del Gobierno en Andalucía.

Investigar el tapón

Por otro lado, en rueda de prensa, el delegado del gobierno en Andalucía añadió que tras la caída al pozo el niño se topó con un suelo, precisando que, a partir de esa cota —71 metros— el pozo estaba relleno de tierra y que también tenía por encima "un tapón". Además, añadió que el aire que pudiera existir era el que había entre los pies y la cabeza del pequeño.

Sobre la causa del tapón, dijo que "hay diversas teorías pero ninguna con certeza", añadiendo que hay varias tesis como que en la propia caída fuera albergando arena, ya que, eran paredes "muy imperfectas y arenosas"; aunque Gómez de Celis precisó que se tendrá que investigar.

La autopsia del cuerpo se practicó el mismo sábado 26 de enero por parte de cinco forenses y reveló la presencia de politraumatismos y traumatismos en la cabeza. Así, se tomaron muestras, como se hace habitualmente, que han sido remitidas al Instituto Nacional de Toxicología en Sevilla para ampliar los resultados preliminares de la necropsia.

Fuentes del Instituto Nacional han indicado que no tienen unos tiempos marcados para realizar estos estudios, sino que depende de la complejidad de cada asunto, pero en este caso se intentará hacer a la mayor brevedad posible.

El pozo, en suelo no urbanizable común

Fuentes judiciales han señalado a Europa Press que el pozo está en suelo no urbanizable común, por lo que de haber tenido los permisos correspondientes, hubiera podido realizarse la perforación de manera legal si se hubiese justificado el fin para el que se quería el sondeo.

Según las mismas fuentes, cuando un terreno se encuentra en suelo no urbanizable común, se pueden realizar diversas actuaciones compatibles con uso agrícola, ganadero, industrial e incluso turístico, pero siempre que la obra tenga interés público.

Al tratarse de un suelo rústico que no tiene ningún tipo de protección o afectación —dado que no es un parque natural ni una zona protegida—, en la finca de Totalán se podría haber pedido permiso para excavar el pozo o realizar otra actuación, pero siempre con un informe vinculante favorable.

En este caso, se tendría que haber pedido la autorización a la Dirección General de Minas, entidad competente que concede los permisos para realizar prospecciones en busca de agua.

Además, se tendría que haber realiazdo un segundo trámite en la Dirección General de Dominio Público Hidráulico y Calidad de las Aguas en la Demarcación de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, organismo dependiente de la Consejería de Medio Ambiente.

Según las primeras pesquisas, el dueño del terreno no lo tramitó en ningún departamento del Gobierno autonómico, por lo que será el Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga el que tendrá que dirimir si tales hechos son constitutivos de algún tipo de reproche, de tipo penal o administrativo.

Según las investigaciones y, a la espera de los informes finales, tanto el pozo como los movimientos de tierra se realizaron en diciembre, por lo que todo a punta a que primero se hizo el pozo y luego se movió la tierra.

Este juzgado de Málaga será el encargado de recabar toda la información y de pedir a las administraciones públicas y privadas, que hayan participado en el dispositivo de rescate, los informes sobre sus actuaciones.

Algunos de los organismos que han participado en este dispositivo son los agentes del Servicio de Protección de la Naturalez (Seprona) de la Guardia Civil, la Policía Judicial, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Totalán, Emergencias 112, Protección Civil y Bomberos, entre otros.

Además, otra de las incógnitas por despejar es por qué el niño tenía encima un tapón de tierra que no se pudo succionar para rescatarlo, como intentaron llevar a cabo los técnicos antes de acometer el túnel verticual paralelo al pozo para, después, acceder a él a través de una galería horizontal.

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