La Junta General retoma su actividad ordinaria la próxima semana con varias leyes por tramitar antes de las elecciones

  • La Junta General del Principado de Asturias retomará la semana que viene su actividad ordinaria con la vista puesta en varias leyes que quedan pendientes de tramitar antes de la convocatoria de las elecciones autonómicas de mayo.

En lo que va de año se han desarrollado trabajos de comisiones de investigación tras habilitar enero para esas sesiones, pero con el pleno de los días 7 y 8 de febrero se retoma la normalidad de la actividad parlamentaria.

Los grupos tendrán que calendarizar la tramitación de varios proyectos de ley presentados por el Gobierno en diciembre e iniciativas legislativas que estaban pendientes, para tratar de sacar adelante aquellas que gocen de mayoría en las escasas semanas que restan hasta que se disuelva la Cámara a finales de marzo.

El portavoz del Grupo Socialista, Marcelino Marcos Líndez, confía en que se demuestre la "disposición" de todos los grupos para calendarizar los trabajos en ponencia y se pueda desarrollar actividad legislativa en el último periodo de sesiones de la presente legislatura.

Para el portavoz de Podemos, el Gobierno del Principado "saturó" la actividad parlamentaria al presentar "de golpe" cinco proyectos de ley en diciembre. Al respecto, considera que algunas leyes "tienen más posibilidades que otras de salir adelante por falta de tiempo". "La actividad no se puede comprimir a meses antes de la convocatoria electoral", ha criticado, asegurando que desde Podemos están "trabajando al 100%" para que prospere el mayor número de leyes y "con la mayor influencia posible" de su formación.

ESCRITO POR EL DICTAMEN DE GITPA

Los grupos parlamentarios, salvo el PP, han atendido este lunes a los medios de comunicación al término de una reunión extraordinaria de Junta de Portavoces convocada por el presidente de la Cámara, Pedro Sanjurjo, tras recibirse un escrito de la que fuera jefa de contratación de la empresa pública 'Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicación del Principado de Asturias' (Gitpa) solicitando que se retirase su nombre del dictamen de la comisión de investigación sobre dicha entidad.

En el escrito, la solicitante apela a su derecho al honor y a la intimidad y hace referencia a una sentencia del Constitucional sobre una denuncia de un particular mencionado en el dictamen de una comisión parlamentaria sobre la gestión de las obras del Metro de Valencia.

Una petición que será analizada por el servicios jurídicos de la Cámara, aunque ya trasladaron en la reunión de esta mañana que los dictámenes "no son revisables ni se pueden modificar a petición de parte, en base a la soberanía del poder legislativo", según ha indicado el portavoz de Podemos, Enrique López.

Según López, el dictamen "hizo un análisis exhaustivo y se trasladó a la Fiscalía". Además, considera que la sentencia del Constitucional sobre el caso del Metro de Valencia es "diferente" y remarca que el dictamen de la Junta General "no es revisable".

Para el portavoz de Ciudadanos, Nicanor García, el propósito de las comisiones de investigación es "dirimir responsabilidades políticas y posibles negligencias". "Las responsabilidades penales competen a los tribunales", apuntilla.

La portavoz de IU, Concha Masa, recuerda que su formación hizo voto desfavorable al dictamen y advertía de riesgos de enfoque como el que ahora "sale a la luz" con este escrito. Para Masa, una herramienta parlamentaria importante como las comisiones de investigación "se puede ver desacreditada con situaciones como esta", remarcando que el informe "no es revisable".

Por su parte, Marcelino Marcos Líndez entiende que la jefa de contratación "nada tiene que ver con la responsabilidad política en el seno del ente". Así, apunta que su formación ya advirtió de que se estaba llegando "más allá" de lo razonable para atribuir responsabilidades.

"Es una pena que para desgastar a un partido, a un gobierno, valga todo", ha lamentado, asegurando que desde su grupo respetará lo que digan los servicios jurídicos de la Cámara, al tiempo que ha advertido de que la sentencia del Constitucional tendrá aplicación para próximos dictámenes.

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