En una nota, el secretario provincial de ASP en Córdoba, Manuel Heredia, ha recordado que "el detenido se pudo acoger a procedimiento especial del 'habeas corpus', recogido en el artículo 17.4 de la Constitución y desarrollado en la Ley Orgánica 6/1984, con el que se pretende poner remedio rápido y eficaz a los supuestos en que no concurran los requisitos legales justificantes de la detención, o cuando la misma transcurra en condiciones ilegales, cosa que el mismo, tras ser informado tanto verbalmente como por escrito, declinó".
Según ha señalado, "no es de recibo que, desde la información sesgada que se ofrece, no se mencione que uno de los funcionarios de policía, implicados en la detención, también resultó desafortunadamente lesionado".
Asimismo, ha apuntado que "la aparición en escena de partidos políticos, sindicatos y diversas asociaciones, que muestran su apoyo, en redes sociales y en medios de comunicación, al privado de libertad el día 18, no dejan otro camino que el de romper una lanza a favor de la altísima profesionalidad de los funcionarios actuantes", dado que "el principio de derecho 'onus probandi' representa que quien realiza una afirmación posee la responsabilidad de probarla después".
Al respecto, ha explicado que "la gravísima acusación de que la intervención policial fue a raíz de la ideología política del detenido, para una policía democrática y llena de valores donde no se actúa discriminando por sexo, raza o religión", hace que esta secretaría provincial se plantee "iniciar acciones legales", puesto que "los delitos de odio, tan sensibles hoy día en esta sociedad, son fuertemente perseguibles por las Fuerzas y Seguridad del Estado y es inadmisible que se lesione la dignidad de los agentes".
Igualmente, ha defendido que "la intervención policial estuvo totalmente ajustada a derecho", mostrando su "más sincero apoyo a los funcionarios implicados en los hechos" y esperando que "el sistema de justicia se pronuncie en el asunto".
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