Los cuatro hechos en los que la Fiscalía señala indicios de delito en relación a las irregularidades en adjudicaciones del Servicio Cántabro de Salud, tienen que ver con los contratos menores para el pintado de centros de salud y las obras de ampliación del hospital virtual de Valdecilla; así como la compra de 22 ecógrafos; y las asistencias técnicas del consultor externo Alvaro Sáez de Viteri.

Así consta en la denuncia de la Fiscalía, consultada por Europa Press, que ve un fraccionamiento indebido de contratos y entiende que estos cuatro hechos pueden ser constitutivos de delitos de prevaricación administrativa, de fraudes o exacciones ilegales y/o de malversación de caudales públicos, "sin perjuicio de que a lo largo de la instrucción del procedimiento se puedan ampliar el número de investigados y/o delitos cometidos", precisaron fuentes de la Fiscalía a esta agencia.

Tal y como solicita el fiscal, la titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de Santander, que instruye la denuncia, ha citado a declarar como investigados al exgerente del SCS, Julián Pérez Gil; el exdirector de Gestión Económica, Francisco Javier Gónzález Gómez; al exgerente de Atención Primaria, Alejandro Rojo Gutiérrez, y al asesor externo Alvaro Sáenz de Viteri Bello, contratado por los anteriores. Todos ellos prestarán declaración la próxima semana.

Los dos primeros dimitieron en mayo, mientras que Rojo lo hizo el pasado mes de diciembre. En los cuatro hechos en los que ve indicios de delito, la Fiscalía señala como presunto autor al exdirector de Gestión Económica.

Señala también al exgerente del SCS, junto a González, en el caso de los contratos menores adjudicados a las empresas Serincopsa, Gardenor e Iralia para las obras de ampliación del Hospital Virtual Valdecilla, en el que el Ministerio Público ve "una clara finalidad de eludir el sistema de contratación y el acceso en condiciones de igualdad".

Estas tres empresas tienen los mismos administradores, y según denunció en su día el PP, uno de ellos es hijo del alcalde socialista de Suances.

Por otro lado, la Fiscalía señala al exdirector de Gestión Económica y al exgerente de Atención Primaria como presuntos responsables de la adjudicación a estas tres mismas empresas del pintado de tres centros de salud, pese a que esta función estaba incluida en el contrato integral de mantenimiento de centros, "generando un gasto innecesario al erario público".

En el caso de la compra de 22 ecógrafos a las empresas Sakura y Esaote, la Fiscalía ve como único responsable a González, no sólo por el fraccionamiento de la compra en 22 contratos menores de aparatos "idénticos, sin urgencia e impidiendo el libro concurso de terceros en la contratación". Además, el fiscal señala que el exdirector de Gestión Económica era "manifiestamente incompetente" para realizar esta adquisición.

Y en cuarto lugar, denuncia a González y a Alvaro Saénz de Viteri por los contratos menores de asistencia técnica adjudicados a este consultor externo para redacción de pliegos y valoración de ofertas técnicas, "sin motivar mínimamente la necesidad de las citadas asesorías" y no constando que se "hubieran realizado los trabajos".

Además, la Fiscalía señala que en dos contratos de asesoramiento a nombre de Amaia Saénz de Viteri, "la firma corresponde, presuntamente, a Alvaro Saenz de Viteri, lo que sugiere la existencia de una falsedad y opacidad que debe ser investigada por cuanto que la citada Amaya parece no tener participación ni en la firma ni en la realización de los hipotéticos trabajos posteriores".

DENUNCIA DEL PP E IU

De esta forma, el fiscal estima parte de la denuncia del PP, que junto a la de IU motivó la apertura de las diligencias de investigación, si bien únicamente el Partido Popular se ha personado en el caso como acusación particular.

El Ministerio Público descarta la parte de la denuncia del PP relativa a la contratación a FSET de instalaciones de timbres; a las obras en el centro de salud de El Alisal, pese a censurar una "gestión reprochable"; y la denuncia relativa al suministro eléctrico, tras concluir que "no ha existido duplicidad de pagos que pudiera generar un desvío de fondos públicos".

También desestima la denuncia relativa a la recepción de efectos y obras con anterioridad a los plazos de ejecución, a la entrega real e incluso con falta de participación de organismos. "Irregularidades" que a juicio del fiscal son "actuaciones reprochables por la falta de control aludida y la falta de rigor en el cumplimiento de la normativa al efecto, pero no constituirían infracción penal".

IU y el PP presentaron sus denuncias ante la Fiscalía a finales de abirl y principios de mayo, respectivamente, poco después de que se hiciera público el correo electrónico que la jefa de Contratación del SCS, Inmaculada Rodríguez, remitió a la consejera de Sanidad, la socialista Luisa Real, meses antes, en concreto el 8 de febrero, denunciando irregularidades en su departamento.

La Fiscalía solicitó el informe del expediente informativo abierto por la Consejería de Sanidad y el informe posterior de la Intervención, y tomó declaración a la funcionaria denunciante, al interventor general, Pedro Pérez Eslava y los otros tres interventores firmantes del informe definitivo.

EL CORREO ELECTRÓNICO DE LA FUNCIONARIA

La funcionaria, que acumulaba 35 años de servicio y se acaba de jubilar, denunció "injerencias continuas" del subdirector de Gestión Económica en decisiones que la corresponden, "absoluto desprecio" a su autoridad y trato "vejatorio".

También denunció la ocupación de su despacho por asesores externos de los que desconoce su relación con la administración, que intervienen en la valoración de las ofertas y a los que se entrega documentación contractual; la celebración de reuniones con todo tipo de empresas que después son la base de las propuestas contractuales; que se paralizan expedientes "sin ninguna motivación" y se recepcionan obras, servicios y suministros "sin estar listos para su entrega".

Asimismo, señaló que el subdirector no le permitía el acceso a expedientes de obras, ni de servicios relacionados con obras, que encargaba expedientes a personal estatutario sin su conocimiento, y obligaba a su departamento a tramitar expedientes que se costean con presupuesto de órganos periféricos.