Según ha detallado el consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, Conrado Escobar, el Gobierno de La Rioja facilita al Consejo General del Poder Judicial toda la información disponible sobre la estructura, redes, organización, funcionamiento y recursos de los servicios sociales y programas de servicios sociales y de vivienda, con el fin de que jueces y letrados estén correctamente informados.

Además, el CGPJ se compromete a colaborar con el Gobierno de La Rioja para generar un registro informático que permita el estudio estadístico de las actuaciones realizadas a través de este convenio.

Cabe destacar, que el Ejecutivo riojano a través del IRVI dispone de un amplioparque de viviendas en alquiler dirigidas a los colectivos más vulnerables y aprecios asequibles, así como del Programa de mediación en materia deejecuciones hipotecarias.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

El convenio define el protocolo de actuación para abordar de forma conjunta ycoordinada acciones que den respuesta a estas situaciones de vulnerabilidad. Deeste modo, se adoptarán las medidas de carácter informativo y formativonecesarias para que los afectados conozcan el contenido del Código de BuenasPrácticas Bancarias, así como del Programa Prioritario de Mediación Integral delGobierno de La Rioja gestionado por el IRVI.

En el caso concreto de los afectados por desahucio de una vivienda en alquiler, seles informará además de los servicios y programas de servicios sociales de laadministración local, y se les ofrecerá un documento informativo para acceder a lajusticia gratuita.

Asimismo, cuando un Juez o letrado detecte, durante un procedimiento deejecución hipotecaria, una situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión socialinformará de forma inmediata a la Dirección General de Justicia e Interior, que lotrasladará a Servicios Sociales que una vez analizada la situación decidiráintervenir, pudiendo dar traslado a la Consejería de Fomento y Política Territorial siconcurren los requisitos para su inclusión en los programas de vivienda social quegestiona, o declinar la misma. En cualquiera de los casos la decisión secomunicará al órgano judicial, que resolverá si procede decretar la suspensión dellanzamiento, siempre de conformidad con las leyes procesales.

Finalmente, para garantizar el correcto funcionamiento del convenio se creará unacomisión de seguimiento que estará integrada por dos representantes del Gobiernode La Rioja, dos del Consejo General del Poder Judicial y uno de la FederaciónRiojana de Municipios.

BALANCE DE ACTIVIDAD 2018

La Dirección General de Justicia e Interior Expedientes ha impulsado 31expedientes procedentes de diferentes juzgados: Juzgado de Primera Instancia Nº2 de Logroño (8); Juzgado de Primera Instancia Nº 3 de Logroño (3); Juzgado dePrimera Instancia Nº 4 de Logroño (2); Juzgado de Primera Instancia Nº 5 deLogroño (6); Juzgado de Primera Instancia Nº 6 de Logroño (1); Juzgado dePrimera Instancia Nº 7 de Logroño (4); Juzgado de Primera Instancia e Instrucciónnº 1 de Haro (3); Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Haro (1);Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Calahorra (1) y Juzgado dePrimera Instancia e Instrucción nº 3 de Calahorra (2).

En lo que se refiere al tipo de procedimiento, el 90,4 por ciento de las derivaciones de los juzgados de primera instancia de La Rioja tienen su origen en juicios verbales de desahucio por impago de rentas, (28 expedientes); el 3,2 por ciento de las derivaciones tienen su origen en ejecuciones hipotecarias (un expediente) y el 6,4 por ciento restante provienen de desahucios por precario con origen en ejecuciones de títulos judiciales u otras situaciones (2 expedientes).