JUICIO A GERARDO DÍAZ FERRÁN
El exempresario Gerardo Díaz Ferrán sentado en el banquillo. POOL

El expresidente del grupo Marsans y de la patronal CEOE Gerardo Díaz Ferrán ha alcanzado este jueves un acuerdo con la Fiscalía de Madrid por el que acepta diez meses de prisión y una indemnización de 239.030 euros, por presunta apropiación indebida en la venta de pasajes de Eurolíneas Marítimas (Baleària).

Sin embargo, dicho pacto, que le evitaría volver a la cárcel, deberá esperar para hacerse efectivo, después de que la Audiencia Provincial de Madrid haya suspendido el juicio previsto para esta mañana al no haber ratificado Baleària, acusación particular que interpuso la querella inicial en 2010, su desestimiento en el caso, han informado fuentes jurídicas.

Según han informado fuentes jurídicas, así lo ha acordado la sección 23, que deberá señalar una nueva fecha para la celebración del juicio y en la que Baleària, como acusación particular que interpuso la querella inicial en 2010, deberá confirmar su decisión de abandonar una causa en la que Fiscalía pide para el empresario cinco años de prisión, multa de 6.000 euros y una indemnización de 239.030 euros para la empresa de transporte marítimo.

Al filo de las 9:15 horas, 45 minutos antes de su citación, Díaz Ferrán entraba a la sede judicial evitando dirigirse a los periodistas, un grupo notablemente más reducido que en anteriores ocasiones pese a tratarse de la primera comparecencia del expresidente de la CEOE en régimen de semilibertad.

Ataviado con un abrigo azul y pañuelo rojo estampado, se ha dirigido poco después a la sala de vistas, a la que únicamente han tenido acceso los magistrados, la fiscal y su defensa, y en la que ha permanecido hasta las 10:35 horas.

Acompañado de su abogada y con una actitud esquiva con los medios, el empresario se ha alejado, con rictus serio, de la Audiencia madrileña, a la que deberá volver a acudir próximamente, en una fecha aún por determinar por la sección 23 de la Audiencia.

Condenado por varias causas penales

En su escrito de calificación provisional, el Ministerio Público consideraba que Díaz Ferrán y su socio, ya fallecido, intermediaron, entre 2008 y 2009, en el negocio de estos billetes "con ánimo de obtener un beneficio ilícito" en su condición de administradores de Viajes Marsans, Viajes Crisol y Rural Tours.

En concreto, las sociedades recibían billetes de buques para su venta; tras ello y previa retención de una comisión por cada pasaje, procedían a liquidar mediante pagarés las cantidades vendidas que -prosigue-, sin embargo, no fueron satisfechas.

El acuerdo, aunque mantiene el importe de la indemnización a Baleària en concepto de billetes vendidos (226.119 euros) y gastos de devolución de pagarés (12.911 euros), rebajaría notablemente la petición inicial de la Fiscalía, cinco años de prisión, lo que permitiría a Díaz Ferrán mantener su grado.

En enero de 2018, la Audiencia Nacional adelantó su excarcelación después de que cumpliera en la cárcel madrileña de Soto del Real cinco de los diez años de prisión a los que fue condenado por distintas causas penales, ante su "excelente" comportamiento, su avanzada edad y los problemas de salud que padece.

Díaz Ferrán fue condenado en septiembre de 2015 a cinco años y medio de cárcel por alzamiento de bienes, concurso fraudulento, blanqueo de capitales e integración en grupo criminal por el "caso Marsans".

También a dos años y dos meses de prisión por fraude a Hacienda en la compra de Aerolíneas Argentinas, y a otros dos años por apropiación indebida de 4,4 millones de euros de clientes del grupo turístico.

Idéntica pena a la que le impuso la sección cuarta de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por el escándalo de las tarjetas "black" de Caja Madrid.