La escultura del diablillo, que evoca la leyenda de la construcción del Acueducto, ha sido descubierta este miércoles por la alcadesa de la ciudad, Clara Luquero, la concejal de Patrimonio Histórico y Turismo, Claudia de Santos y el escultor de la obra, José Antonio Abella.

Durante la colocación de la estatua en la calle San Juan de Segovia, la alcadesa ha recordado que la instalación de la escultura tiene dos objetivos: el primero de ellos, evocar "la leyenda de la construcción del Acueducto"; y el segundo, diversificar "los flujos turísticos", dado que espera que se convierta "en un atractivo para los turistas", que estén visitando la ciudad.

Tras este acto inaugural, la primera edil realizó unas declaraciones en las que aseguraba que nunca se ha pretendido "ofender la sensibilidad religiosa de nadie", pero que no estaba dispuesta a "doblegarse ante las imposiciones que brotan desde la intransigencia y la intolerancia".

Además, Clara Luquero comentó a través de su cuenta de Twitter que se trata de "un elemento de nuestro patrimonio cultural inmaterial".

Por su parte, José Antonio Abella, autor de la escultura, quiso apartarse de la idea de que es un "diablo monstruoso" y resaltó en la estatua "la gula" por medio de la barriga que luce la pieza de bronce. Abella ha calificado la obra como "una caricatura del diablo que si alguien ha de ofender, es al propio diablo".

La Asociación católica San Miguel y San Frutos, junto con la Asociación enraizados.org presentaron una demanda y recogieron más de 12.500 firmas para evitar la instalación del diablillo de Segovia.

Ambas entidades basaron algunos de sus argumentos para la no colocación de la escultura en que ésta hería "sus sentimientos religiosos", además de que, en opinión de las asociaciones, el diablillo no respeta ni las normas de contratación ni tampoco el Plan Especial de Área Históricas de Segovia (PEAHIS).

Sin embargo, a pesar de entregar la firmas recogidas y de presentar la demanda, el Juzgado de los contencioso administrativo número 1 no impidió la instalación del diablillo y condenó, a la asociación católica de San Miguel y San Frutos, a pagar hasta 500 euros en concepto de costas del procedimiento legal.