El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona ha decretado este miércoles el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de dos detenidos por su supuesta participación en el robo de siete trasteros, cinco de ellos perpetrados entre el 20 y el 25 de noviembre, otro en octubre y otro en mayo del pasado año, todos ellos ubicados en inmuebles de la capital navarra.

En el auto, que puede ser recurrido, el magistrado expone que existen indicios racionales de que los investigados han participado en la comisión de hasta siete delitos de robo con fuerza en casa habitada, cada uno de ellos castigados con penas de dos a cinco años de prisión, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN).

Además, añade el juez, las investigaciones policiales permiten afirmar que son los dos imputados quienes, el mismo o en días inmediatamente próximos, "venden o tratan de vender los efectos de los robos en establecimientos de compraventa de objetos de segunda mano".

La investigación policial, según recoge la resolución judicial, ha constatado que ambos cuentan con un extenso historial de venta de efectos de todo tipo en estos establecimientos, "sin que ninguno de ellos tenga un trabajo o fuente de ingresos que justifique esa intensa actividad" y "sin que hayan dado una explicación plausible sobre dicha actividad vendedora tan fuera de lo normal".

Asimismo, el juez destaca que se han obtenido huellas dactilares de los dos detenidos en dos de los robos que se les atribuyen y, respecto de los restantes, en varios de ellos los efectos vendidos por los investigados han sido reconocidos por sus propietarios como los objetos robados.

En otros casos, aún cuando los bienes no han podido ser recuperados porque los establecimientos ya los habían vendido a terceras personas, los datos facilitados por los propietarios permiten afirmar que son los mismos que fueron vendidos por los investigados el mismo día de los robos.

En la comparecencia celebrada este miércoles en el juzgado de guardia de Pamplona, el Ministerio Fiscal ha solicitado el ingreso en prisión provisional sin fianza de los imputados, una medida cautelar a la que se han opuesto las defensas.

El juez sostiene en el auto que "la medida de prisión, a la vista de lo actuado, se evidencia como completamente imprescindible a fin de evitar el riesgo de que cometan otros hechos delictivos análogos, cuya gravedad es evidente, dada su elevada penalidad".

Estos hechos, añade el magistrado, generan "una gran alarma social" por la circunstancia de que se cometen en las proximidades de las viviendas de la víctimas, "en un espacio que se considera propio y seguro, ajeno a terceras personas, lo que incrementa la sensación de inseguridad cuando se producen este tipo de robos".

Para el juez, los investigados "son unos auténticos profesionales de los robos en trasteros", una actividad que se ha convertido "en una de sus más importantes fuentes de ingresos", puesto que ninguno de los dos trabaja en la actualidad.

"La reiteración en la utilización del mismo modus operandi y la inmediata venta de los efectos en establecimientos de segunda mano apoya, igualmente, la idea de profesionalización de los investigados, que como se ha dicho carecen por completo de trabajo o medio lícito de vida, todo lo cual hace más que presumible que, en caso de quedar en libertad, vuelvan a cometer delitos similares, única o principal forma de vida que actualmente tienen ambos", recalca el magistrado.