El objetivo de esta propuesta es "evitar esa merma de rentabilidad de nuestra agricultura", según ha hecho saber Del Amor en el Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios que se ha celebrado este lunes en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y en el que se han discutido los aspectos sustantivos del Paquete de Reformas de la PAC-posterior a 2020.

En este foro, las comunidades autónomas han mostrado su postura referente a diferentes términos y dentro del plan estratégico común que se debe iniciar, tal y como ha señalado el consejero.

En este sentido, Del Amor ha puesto de manifiesto que el calendario propuesto por el Ministerio "se debe acortar" y, por lo tanto, ha defendido que "se deben intensificar los trabajos", algo a lo que ha accedido el Gobierno central. Posteriormente, en febrero, tendrá lugar la primera reunión de trabajo para aclarar esas definiciones.

De la misma forma, el Consejo Consultivo ha abordado la protección a los jóvenes agricultores, de su incorporación real a la actividad agraria y la necesidad de que se establezcan políticas paralelas para su protección. "Es importante que nuestros agricultores no se sientan defraudados por la volatilidad de precios y, por tanto, es necesaria la protección de los mismos ante la entrada de productos de países terceros", ha manifestado el consejero.

El consejero también ha hecho hincapié en la necesidad de establecer políticas en torno al ahorro de agua dentro de esos 'ecoesquemas' e impulsar el desarrollo de políticas que fomenten, precisamente, "la eficiencia del desarrollo de agua o políticas que, en el caso de la Región, aumenten la rentabilidad en aquellos que tienen una baja rentabiliad, como es nuestro secano".

En concreto, Del Amor ha pedido "que se tengan en cuenta nuestros secanos diferenciados de nuestros regadíos y así obtengan una mayor rentabilidad".

A su juicio, "es importante que se establezca una redistribición del presupuesto hacia las rentas más bajas, con la finalidad de asegurar una rentabilidad y, por tanto, asegurar un mantenimiento del desarrollo rural".

Respecto a la limitación de un pago máximo, la Consejería ha defendido "que esté limitada y que esa redistribución de los fondos de aquellos que sobrepasa esa limitación revierta sobre las propias comunidades y, sobre todo, sobre aquellos agricultores que tengan una renta más baja".

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