Pedro Sánchez
Pedro Sánchez delante del helicóptero presidencial. Moncloa

Moncloa ha rechazado hacer público el número de veces que Pedro Sánchez ha utilizado los Super Puma, los helicópteros del Ejército del Aire destinados a los traslados del presidente del Gobierno.

La decisión de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno de ocultar el número de veces que Sánchez ha usado el Super Puma desde que ganó la moción de censura contra Mariano Rajoy consta en una respuesta formal a una petición de acceso a la información pública, realizada por Servimedia a través de la Ley de Transparencia.

Moncloa se ampara en un acuerdo del Consejo de Ministros de 1986 para considerar la información como un secreto oficial. Este acuerdo es el mismo que ya han utilizado en otras ocasiones para no facilitar el gasto de viajes de Sánchez, como en el caso del Festival Internacional de Benicàssim (FIB).

La solicitud pedía la información sobre los vuelos en helicóptero presidencial de Pedro Sánchez, pero también la de los anteriores presidentes del Gobierno. Además, se pedían los datos desglosados mensualmente para poder conocer el número de veces al mes que cada presidente usaba el Super Puma durante el tiempo que duró su mandato.

Mientras que Moncloa oculta el número de veces que Sánchez ha usado el helicóptero, sí aporta los datos sobre los expresidentes del Gobierno José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Rajoy no utilizó nunca el helicóptero, algo que ya era conocido porque le tenía fobia después de haber sufrido un accidente con un vehículo de este tipo unos años atrás.

De todos modos, Moncloa aclara que Soraya Sáenz de Santamaría, como vicepresidenta del Gobierno, utilizó este servicio "de forma esporádica". Además, el Gobierno asegura que Aznar realizó 453 vuelos durante su mandato y Rodríguez Zapatero, 575. Los datos, aun así, no son nuevos. El Gobierno ya los había utilizado el pasado mes de octubre para responder a una pregunta parlamentaria del diputado del PP Carlos Floriano.

La ocultación de los mismos datos para Sánchez impide conocer si realmente es cierto que está usando mucho más el helicóptero que sus antecesores, como se ha especulado desde que el líder socialista llegara a la Moncloa. Sánchez utilizó el helicóptero para acudir, por ejemplo, a la boda de su cuñado en La Rioja. También lo emplea en muchas ocasiones para desplazarse desde Moncloa hasta la base de Torrejón de Ardoz, desde donde despega y aterriza su avión oficial.

El Consejo de Transparencia le quita la razón

A pesar de que el Gobierno se ampare en considerar los vuelos de Sánchez, tanto en el Falcon como en helicóptero, como secretos oficiales, nunca los han declarado como tal. Moncloa se ampara en un acuerdo del Consejo de Ministros, en época de Felipe González, para considerarlos de esta forma. Ese acuerdo reconoce como información clasificada "tanto los informes sobre movimientos de aeronaves militares como los planes de protección de autoridades y pasajeros sometidas a la misma".

A través de este acuerdo y de la franquista Ley de Secretos Oficiales, de 1968, entienden que no deben informar de nada más allá de lo presente en la agenda del presidente del Gobierno. La agenda del presidente del Gobierno recoge sus viajes oficiales y los actos y reuniones a las que asiste, pero no indica si ha utilizado el helicóptero del Ejército o el Falcon para desplazarse ni el coste de utilizarlos.

Por ejemplo, el miércoles pasado Sánchez viajó a Bruselas para intervenir ante el Pleno del Parlamento Europeo. A pesar de ello, la agenda presidencial solo indica la hora de llegada al Europarlamento y todos los actos a los que acudió durante ese día, ni rastro de si usó el Falcon, el Super Puma o cualquier otro tipo de vehículo para desplazarse.

La interpretación sobre la legislación que hace Moncloa es errónea. El propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTyBG), el órgano encargado de interpretar la Ley de Transparencia y velar por su cumplimiento, ya resolvió después de una reclamación anterior que el gasto de los viajes de Pedro Sánchez es información pública y no un secreto oficial.

El CTyBG resolvió que en los casos que no existe una declaración de secreto para un desplazamiento concreto, como sucede con los viajes de Sánchez, conocer datos como el gasto total no atenta contra la seguridad y defensa del Estado ni la intimidad de las personas y, por tanto, deben ser facilitados.

El Consejo hizo constar en su resolución que la solicitud sobre el viaje de Sánchez al FIB no trataba "de difundir información que altere los planes de defensa militar de nuestras fronteras o nuestra integridad territorial o de nuestra capacidad de repliegue militar, [...] ni afecta en modo alguno a la intimidad de personas físicas".

"Los gastos de viajes de los miembros del Gobierno constituyen información de carácter económico y se nutren de partidas presupuestarias establecidas en los Presupuestos Generales del Estado; es pues dinero público y su manejo y destino debe ser conocido por la ciudadanía", añadió el Consejo en su resolución sobre el viaje.

A pesar de la clara interpretación hecha por el Consejo, Moncloa decidió no obedecer la resolución. El plazo marcado por este órgano para que Presidencia facilitara la información finalizó el 30 de noviembre, pero Moncloa no aclaró el gasto total del viaje a Castellón y solo indicó que el equipo de protocolo había gastado 282,92 euros en los preparativos de este.

Los problemas de la Ley de Transparencia

La Ley de Transparencia y Buen Gobierno entró en vigor en diciembre de 2014, pero aún comporta algunos problemas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno más de cuatro años después de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia sigue sin contar con capacidad sancionadora y sus resoluciones no son de obligado cumplimiento para la Administración. Todo ello supone que casos como el de Moncloa con el viaje de Sánchez a Castellón, donde la Administración decide no obedecer las resoluciones del Consejo, sean más habituales de lo que deberían.

Un caso parecido sucedió a raíz de una petición de la fundación ciudadana Civio. Esta organización solicitó en 2015, durante la presidencia de Rajoy, el listado de los viajes de los altos cargos y sus acompañantes realizados por el Grupo 45 de las Fuerzas Aéreas del Ejército, la flota de aviones encargada de trasladar al presidente del Gobierno, los ministros o la Casa Real.

El Ministerio de Defensa denegó la información y el caso acabó en los tribunales. Aunque ahora se encuentra en el Supremo, debido a un recurso de Civio, la Audiencia Nacional sentenció en octubre de 2017 que el ministerio debía aportarles la información, excepto la "información clasificada por venir referida de Presidencia o Casa Real".

Una excepción en la que ahora se ampara Moncloa para ocultar cualquier dato referido a los vuelos en helicóptero o avión de Sánchez, a pesar de que en varias ocasiones el Consejo de Transparencia haya resuelto en contra de esa interpretación. El Consejo entiende que los datos sobre un viaje de Sánchez no pueden considerarse secreto por el mero hecho de ser información sobre un viaje del presidente del Gobierno.