El Ministerio Fiscal sostiene que a principios de julio de 2010, el matrimonio, de 71 y 70 años, sin instrucción alguna y acuciados por las deudas, decidieron llamar a un teléfono que se anunciaba en un periódico, ofreciendo reunificación de deudas, para tratar así de aliviar su situación económica.

Al mismo contestó una acusada, a la que el matrimonio expuso su problema. Unos días después, esa acusada y otro de los acusados acudieron a su domicilio de Gijón, proponiéndoles la venta de una finca y una casa que los primeros poseían en Guimarán (Carreño) y su vivienda habitual para, con el dinero que obtuviesen, pagar los créditos pendientes, anulando con posterioridad esa enajenación y quedando a deberles una cuota de 215 euros mensuales durante un periodo de 25 años. La pareja, debido a su escasa preparación y a la angustia que les producía la posesión de varias deudas, accedieron.

Los acusados, paga ganarse su confianza y actuando en todo momento con la intención de obtener un beneficio ilícito, acudieron en diversas ocasiones a la casa del matrimonio para hacerles entrega de distintas cantidades de dinero para que fuesen sufragando sus gastos, sumando un total de 3.000 euros.

El 27 de diciembre de 2010, los dos acusados se personaron en el domicilio de la pareja y les indicaron que debían de ir a una notaría de Lugones para escriturar la venta, acompañándoles a la misma. Así, se formalizó la compraventa de las fincas de los denunciantes y de la casa de Gijón por 129.000 euros distribuidos de la siguiente forma: 19.500 euros en metálico, la cancelación de un crédito mantenido con

la Unión Financiera por 14.549,78 euros, la cancelación de un crédito con la Caja de Ahorros de Asturias de 30.594,14 euros y un cheque nominativo por importe de 64.356,06 euros. Los denunciantes no recibieron ni los 19.500 euros ni el importe del cheque nominativo.

Las fincas fueron transferidas al tercer acusado, conocedor de lo ilícito de la operación, que grabó las fincas con dos hipotecas, una por 89.994,62 euros y otra por 49.907,41, sin procederse en ningún momento a la anulación de la operación, lo que nunca fue la intención de ninguno de los acusados. Tras el pago de algunas cuotas del préstamo, el acusado dejó de satisfacer el resto, iniciándose procedimiento de ejecución hipotecaria ante el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Gijón. Ese tercer acusado actuó informado por su hermano, el cuarto acusado, que conocía todos los detalles de la operación, actuando ambos con la misma intención que el resto de los acusados.

Además, la acusada, para justificar la entrega de los 19.500 euros a los denunciantes, aportó dos recibís por importe de 19.520 euros, firmados como si se tratase de las víctimas de la estafa, cuando habían sido suscritos por ella o por persona bajo su dirección.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de estafa y un delito de falsedad en documento privado. Del primer delito responderían los cuatro acusados y el segundo caso sería imputable a la acusada.

De este modo, solicita que se condene a cada uno de los acusados a 6 años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 18 meses con una cuota diaria de 12 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago por el delito de estafa. Además, para la acusada solicita que se le imponga también otra condena de 1 año y 3 meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena por el delito de falsedad.

La Fiscalía propone también que se declare la nulidad de la compraventa de las fincas referidas. En caso de que no pudiese llevarse a cabo, los acusados, como responsables civiles directos solidarios, indemnizarán al matrimonio en el valor de las mismas.

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