Los sindicatos UGT, CCOO y CSIF han pedido una carrera profesional "horizontal, única y común" para todos los empleados públicos, que no esté condicionada a cuestiones presupuestarias y datos económicos y que tenga un proceso extraordinario este año.

Así lo han expresado el secretario general de la Federación de Empleados de Servicios Públicos de UGT en Castilla y León (FeSP-UGT), Tomás Pérez Urueña; la coordinadora del Área Pública de CCOO en la Comunidad, Ana Rosa Arribas; y la secretaria de Acción Sindical de CSIF, Raquel Fernández Herrero.

Los sindicatos se han reunido con todos los grupos parlamentarios para hacerles llegar las enmiendas que consideran que se deberían presentar la Proposición de Ley para el establecimiento de la carrera profesional de los empleados públicos que se tramita en las Cortes, impulsado por el Grupo Popular, a pesar de que consideran que no es la fórmula adecuada y que debería de haberse negociado en la Mesa de Función Pública con los representantes sindicales.

Dicho esto, y tras recordar que su desarrollo ya se recogía en el Acuerdo de Modernización de la Función Pública de 2015, han hecho llegar a los grupos parlamentarios enmiendas que persiguen una carrera "igual" para todos los empleados públicos y que no contemple dos "niveles" como en el caso de Sacyl.

Además, han reclamado que el desarrollo reglamentario se negocie en las mesas correspondientes una vez que se apruebe la ley de la carrera, algo que se reclama desde de 2007 y que supone un compromiso del PP, que "estaba y está" y 15 años después no ha cumplido, ha señalado Arribas.

Ahora, ha criticado que en el proyecto original se vuelva a "parcelar" el acceso "por niveles" entre Sacyl, el personal docente y el resto y vuelva a hacer diferencias, pero además limite en su artículo 7 el cumplimiento de su aplicación a cuestiones económicas y presupuestarias, a la vez que lleva su puesta en marcha al año 2020, "compromiso que el partido que lo presenta no está en condiciones de garantizar".

Arribas también ha advertido de que además se sigue intentando tomar como referencia la carrera profesional de Sacyl, que se ha paralizado, con la apertura sólo de las convocatorias que marcan los tribunales, y ha pedido que no se ponga en marcha algo que "limita el acceso".

CONDICIONANTES

Los sindicatos han asegurado que todos los partidos han manifestado que estudiarán sus enmiendas y todos entienden que la carrera debe ser única para todos los empleados públicos, aunque el PP, con el que se han reunido este viernes, hay cuestiones que sí asume pero otras no como algunos aspectos económicos.

Pérez Urueña ha señalado que salen "muy preocupados" de las reuniones mantenidas porque a pesar de que todos han sido receptivos el PP ha reiterado el problema presupuestario, del que todos son "conscientes", ya que en su propio proyecto de ley mantiene el condicionante de una mayor financiación estatal para el capítulo de personal para que se pueda poner en marcha la carrera.

A su juicio, ante los problemas en la financiación autonómica, se busca comprometerse a la puesta en marcha de la carrera profesional para luego no hacerlo y culpar al Estado. Además, ha añadido que no se deben "mezclar" otros aspectos y más después de la experiencia de que se les recortaran derechos en 2012.

El responsable de UGT ha señalado que no quieren que nadie se haga "ilusiones" hasta el 26 de mayo y se descubra que es inviable por falta de presupuestos y ha reivindicado un compromiso real y "verdadero" de los partidos con posibilidades de gobernar.

Por otro lado, en sus enmiendas, los sindicatos reclaman que se establezca el compromiso de abrir un proceso extraordinario para 2019, que supondría el acceso a la carrera por antigüedad, de tal manera que los empleados públicos que tienen más de 55 años, que son el 60 por ciento, pudieran acceder a la misma.

Según los sindicatos el propio PP se ha dado cuenta de que su proyecto no está bien por las referencias a Sacyl y que buscarán una fórmula para no contemplar que los docentes tengan que elegir entre sexenios y carrera.

Además, Pérez Urueña ha avisado de que no se puede tratar a todos los empleados públicos como si fueran una "masa homogénea" porque aunque la mayoría tienen una jornada anual hay otros, como los fijos-discontinuos (por ejemplo los que trabajan en la lucha contra incendios), que no la tienen, de manera que si se toma como base el año habría algunos que tendrían que estar el doble de tiempo trabajando para beneficiarse de la carrera.