Los datos del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria demuestran, según el Consistorio, que las cifras entre los ejercicio 2015 y 2018 "apenas oscilan entre una media anual en torno a 53.000 diligencias con importe embargado".

"Estos datos resultan muy inferiores y prudentes respecto a los que ofrecen otras instituciones de características parecidas como el caso del Ayuntamiento de Madrid en el que se embargaron, según datos oficiales, 42,6 millones de euros en 2017, lo que significan 36,1 millones menos que en el caso del Ayuntamiento de Málaga en el mismo periodo de tiempo", han sostenido en un comunicado.

En términos porcentuales, los embargos en el Consistorio madrileño se incrementaron un 13,12 por ciento en el año 2017 respecto al ejercicio anterior, mientras que en Málaga ese porcentaje es de un cuatro por ciento.

Además, en el año 2015, el Ayuntamiento, a través de Gestrisam, fue pionero en España en el desarrollo de la figura de la insolvencia provisional, así como, la creación de un registro en el que se inscriben aquellas familias en riesgo de exclusión social cuyos ingresos no alcanzan el Salario Mínimo Interprofesional y con el que se frena de inmediato cualquier embargo de cuenta hasta que se recuperen económicamente. Actualmente, hay 364 familias inscritas en el registro y el montante que deben asciende a 550.000 euros.

Con esta medida el Consistorio "ha venido en los últimos años protegiendo a los malagueños que menos tienen, dejando en las economías domésticas los recursos necesarios para que puedan seguir adelante con las menos dificultades posibles".

Los resultados del Ayuntamiento de Málaga, han recalcado, son acordes con las previsiones presupuestarias que se formularon y han permitido mantener los compromisos adquiridos en el Plan Económico-Financiero, así como con la actual política de fiscalidad moderada en la ciudad. Se ha embargado una media de 6,3 millones de euros anuales a lo largo de los últimos cuatro ejercicios.

Desde el Consistorio han recordado que en las Ordenanzas Fiscales reguladoras de los ingresos de derecho público y en el Reglamento de Ayudas para el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles a personas del municipio de Málaga en especiales situaciones de necesidad, se contemplan y se introducen, gradualmente, todas aquellas medidas necesarias para estar en la mejora continua de los beneficios y ayudas fiscales que tiene el Ayuntamiento desde hace años; "vigilando, en todo momento el preceptivo equilibrio económico-financiero y la protección a los colectivos más

desprotegidos a los que, en todo caso, se pretende preservar".

El conjunto de beneficios fiscales que se aplica anualmente superan los 19 millones de euros, destacando entre ellas las bonificaciones potestativas y las reducciones aplicadas en el IBI tras la revisión catastral de 2008, el propio reglamento de ayudas para el pago del IBI, en vigor desde el año 2001 y con el que se han ayudado a más de 96.604 familias malagueñas con un total de 10,5 millones de euros; los beneficios fiscales a familias numerosas; la

exención de la plusvalía por la dación en pago; beneficios fiscales a las entidades sin fines lucrativos; apoyo a creación de empleo, etcétera.