Detenido un sobrino de Torra en la operación contra los alcaldes que cortaron el AVE en el aniversario del 1-O

El abogado de Sabater, Benet Salellas, ante la comisaría este miércoles.
El abogado de Sabater, Benet Salellas, ante la comisaría este miércoles.
ACN
El abogado de Sabater, Benet Salellas, ante la comisaría este miércoles.

La detención este miércoles de 16 personas por parte de la Policía Nacional por presuntos desórdenes públicos durante el aniversario del 1-O, entre ellas los alcaldes de Verges y Celrà de la CUP, Ignasi Sabater y Dani Cornellà, y Ernest Morell Torra, un sobrino del presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha desencadenado una tormenta política en Cataluña, pocas semanas antes de que empiece el juicio del 'procés'. Incluso se ha paralizado el Parlament, después de que JxCat, ERC y la CUP hayan abandonado las comisiones en señal de protesta.

Los arrestos han empezado a primera hora de la mañana y esta tarde los detenidos ya están en libertad, a la espera de que les cite para declarar el Juzgado de Instrucción número 4 de Girona, que instruye la causa relacionada con el corte de las vías del AVE en esta ciudad el pasado 1 de octubre.

Mientras los acusados han estado en la comisaría, los abogados Benet Salellas y Montserrat Vinyets han estado también allí para asistirlos y han tildado las detenciones de "injustificadas" porque, según han afirmado, por este tipo de delito generalmente se cita a los investigados sin arrestarles antes.

Por otro lado, unas 200 personas, convocadas por la CUP, se han concentrado a las puertas de estas instalaciones de la Policía Nacional.

Cuando han quedado en libertad, los alcaldes de Verges y Celrà han explicado que, como el resto de detenidos, se han acogido a su derecho a no declarar. Sabater ha atribuido los arrestos a "la estrategia del miedo" a la que ya los tienen "acostumbrados para intentar" que se queden "en casa".

Por su parte, Cornellà, que ha tenido que ser trasladado a un centro de atención primaria porque las esposas le han provocado una herida, ha afirmado: "Que nadie piense que con estas cortinas de humo para criminalizar el independentismo se para nada".

El Parlament se detiene

Las quejas por las detenciones no se han quedado en la calle, sino que han invadido también el terreno político. La decisión de JxCat, ERC y la CUP de abandonar las comisiones en el Parlament de Asuntos Institucionales, Territorio, Trabajo y Asuntos Sociales y Familias ha hecho que se hayan tenido que suspender por falta de gente.

La diputada de la CUP Maria Sirvent ha criticado que los arrestos han sido "contra la izquierda independentista y los CDR" y Gemma Geis, de JxCat, ha denunciado que gobierne quien gobierne en España la "represión sigue igual". Las dos formaciones han pedido la comparecencia en el Parlament de la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera. Además, Gerard Gómez (ERC) ha atribuido las detenciones a una "maniobra" del Estado previa al juicio del 'procés' "para dar un mensaje a la ciudadanía de que no se movilice".

Por otro lado, Carlos Carrizosa (Cs) ha tildado de holgazanes a JxCat, ERC y la CUP por querer "cobrar sin trabajar", Ferran Pedret (PSC) y Susanna Segovia, de los comunes, los han acusado de equivocarse al "paralizar" el Parlament y Santi Rodríguez (PP) les ha culpado de "secuestrar" las instituciones catalanas.

La reacción de Torra ha llegado a través de Twitter: "Basta de represión. Basta de criminalización. Libertad", ha escrito.

El día ha acabado con varias protestas por las detenciones, entre ellas, una manifestación y una concentración de alcaldes en Girona convocadas por la CUP y la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) respectivamente.

Multa para José Téllez por desobediencia

El juzgado penal número 7 de Barcelona ha condenado a una multa de un importe de 4.380 euros –12 diarios durante 12 meses– al regidor de la CUP en Badalona José Téllez por desobediencia grave, al apropiarse de carteles del 1-O que la policía local acababa de decomisar.

Sin embargo, lo ha eximido de la pena de seis meses de prisión e inhabilitación que pedía la Fiscalía.

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