Kiko Mestre y Blanca Pou.
Los periodistas Kiko Mestre (Diario de Mallorca) y Blanca Pou (Europa Press). ISAAC BUJ c/ EUROPAPRESS

La Fiscalía Anticorrupción avaló las diligencias policiales para rastrear las llamadas y geolocalizaciones de periodistas que informan sobre el caso Cursach porque consideró que se trataba de una medida "no invasiva" y "proporcionada".

Con estos argumentos, Juan Carrau, el fiscal Anticorrupción, informó varias veces a favor de proceder a las diligencias solicitadas por la Policía Nacional, es decir, a estudiar las llamadas y posicionamientos de los teléfonos móviles de los periodistas.

El fiscal consideró que las medidas eran "proporcionadas y ponderadas para averiguar la realidad sobre un posible delito grave", una presunta revelación de secretos.

La Policía solicitó, en distintas ocasiones, que se requiriera a las compañías telefónicas para que entregaran los listados de llamadas emitidas y recibidas, geolocalizaciones y otros datos asociados a los teléfonos móviles personales de los periodistas Kiko Mestre, del Diario de Mallorca y Blanca Pou, de Europa Press, así como del teléfono fijo instalado en las oficinas de la agencia.

En cada instancia, se pedían datos correspondientes a distintos meses y, en el caso de la periodista Blanca Pou, en un oficio se solicitó su listado de llamadas desde enero de 2016.

Además, también solicitaron el registro de las llamadas y posicionamientos del móvil de una periodista de EFE, así como del teléfono de las oficinas de la referida agencia. Un registro que abarcaba un año.

Este rastreo de los teléfonos sirvió como base para diligencias posteriores con el objetivo de determinar las fuentes de informaciones periodísticas, como revelan las actuaciones recogidas en el sumario de esta pieza.

El pasado 11 de diciembre, tres policías y una secretaria judicial se personaron en la sede de Europa Press en Baleares con una orden judicial que les permitía llevarse el teléfono móvil de Blanca Pou. Esa misma mañana, en los Juzgados, requisaron también el móvil a José Francisco Mestre, periodista de Diario de Mallorca.

Tanto los redactores como los medios de comunicación afectados presentaron una querella por prevaricación contra el juez instructor, Miguel Florit, que fue admitida a trámite.