El Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, junto a la Secretaria de Estado de Segridad Ana María Botella, han presentado este martes el primer Plan de acción contra los delitos de odio que ha puesto en marcha el Gobierno. 

Se trata de una guía estratégica que establece una serie de medidas para "combatir la discriminación y las expresiones de odio contra colectivos vulnerables por motivos de su origen nacional o étnico, sexo o género, ideología, identidad sexual, religión, capacidades intelectuales o físicas y situación socioeconómica, entre otras razones".

Según ha señalado el Ministerio del Interior a través de un comunicado, este tipo de delitos no representan un porcentaje significativo del total de infracciones penales cometidas en España, sin embargo "son un objetivo prioritario del Gobierno por representar un ataque especialmente grave contra los Derechos Humanos y los valores de diversidad y pluralidad que sustentan la democracia".

El plan de acción presentado parte de la convicción de que la transcendencia de los delitos que recoge en su texto va más allá de su cuantía objetiva, "puesto que al agredir a un miembro de un colectivo susceptible de ser victimizado a causa de sus especificidades se está atacando e intentando amedrentar al colectivo en su conjunto".

Con 47 medidas y 13 objetivos englobados en cuatro líneas de acción: formación en delitos de odio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, prevención de los incidentes y delitos, atención a las víctimas y respuesta ante estos incidentes y tipos penales, el Plan de acción contra los delitos de odio pretende "marcar una dirección estratégica".

Entre las medidas más destacadas, Interior pondrá en marcha actividades formativas con material didáctico para miembros de ambos cuerpos de seguridad, tratará de poner en marcha en el segundo trimestre de 2019 una vinculación con organismos europeos encargados de la misma labor a través de un acuerdo con OSCE-ODHIR, crear un grupo avanzado de estudios sobre estos delitos conectado internacionalmente también previsto para el segundo trimestre de 2019, la publicación anual de un informe estatal con información, datos y avances en delitos de odio y su introducción en centros escolares mediante reuniones con las directivas y AMPAS.

"Contra una sociedad monocolor"

Grande-Marlaska ha definido durante la rueda de prensa como "una prioridad" la lucha contra la discriminación. "En los últimos años estamos viendo cómo avances en derechos que creíamos consolidados se están poniendo en cuestión y prolifera el discurso del odio hacia quienes no encajan en un modelo de sociedad monocolor y sectario que algunos pretenden imponer", ha señalado.

Junto al nuevo Plan, Interior ha comunicado también que reforzará el papel de la Oficina de lucha contra los delitos de odio como organismo responsable de coordinar las medidas contempladas en el texto. 

Este organismo depende de la Secretaría de Estado de Seguridad y se constituye como "la herramienta clave para el estudio y análisis de los delitos de odio, así como para impulsar la colaboración con otros departamentos ministeriales, cuerpos policiales, organismos públicos y privados, asociaciones y oenegés". 

Interior ha remarcado que la colaboración de las ONG y asociaciones especializadas ha sido "especialmente importante" para identificar las necesidades específicas de los colectivos vulnerables.

En el documento se plantean bases para continuar la cooperación con organismos sociales mediante una agenda permanente de reuniones con grupos de la sociedad civil con el fin de mantener actualizado el plan.

En este sentido, uno de los principales objetivos que tiene el documento es reducir la infradenuncia de delitos de odio "para lo que se pondrán los medios necesarios que permitan poner en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad la mayor cantidad posible de agresiones".

Pocas denuncias por temor

El Ministerio asegura que las denuncias por delitos de odio no alcanzan a las habituales en otros delitos debido al temor de las personas agredidas a sufrir "la doble victimización que supone la estigmatización o divulgación de datos personales".

Otro de los propósitos principales del plan es acercar la figura policial a los ciudadanos y las ciudadanas más proclives a sufrir este tipo de delitos para generar vínculos y perfeccionar así los sistemas de protección de datos.

El Órgano que preside Grande-Marlaska recuerda que el espacio donde más ha crecido la denuncia de colectivos y personas concretas por delitos de odio es el espacio virtual de Internet y las redes sociales. 

Por ello, otro de los objetivos del plan es "trabajar la sensibilización de los distintos sectores de la sociedad civil, fomentando la colaboración activa con más ministerior y apostando por la difusión de acciones educativas".

La ejecución del plan será "inmediata" y estará vigente hasta finales del año 2020. Los recursos económicos asociados a su puesta en marcha duante 2019 suman 472.500 euros.