"El gobierno sigue trabajando para reforzar el área de Servicios Sociales en la RPT dotando de estabilidad al personal como no se había hecho nunca pese a que grupos como IU y Participa Sevilla se negaron a dar su apoyo y se abstuvieron cuando hubo que tomar una decisión de modificar plazas para que por fin se pudiera generar estabilidad", alega la edil de Recursos Humanos, Clara Macías, quien subraya que los grupos políticos, los representantes sindicales y la plantilla "conocen los trámites que se están llevando a cabo y que se pretenden resolver próximamente".

"La propuesta de modificación de la RPT creó 7 plazas de educadores, 7 de psicólogos y 7 de trabajadores sociales, y todas de nueva creación para que sean incorporadas a los Servicios Sociales que trabajan con las familias más necesitadas de la ciudad", ha dicho, señalando que "la fórmula de creación de plazas por amortización de otras tantas en otras áreas municipales es la única permitida por la actual normativa en cuanto a contratación y sigue los criterios de la Intervención, que ha informado en repetidas ocasiones en contra de cualquier otra medida de incremento de personal que suponga un aumento de la masa salarial, de forma que para un refuerzo laboral en un área es preceptivo en paralelo retirar esas plazas de otras áreas".

"La medida supone un coste total de un millón de euros anuales, que se detraen de otras plazas para consignarlos en los Servicios Sociales. Y una vez aprobada definitivamente la modificación de la RTP en Pleno, deberán afrontarse los trámites oportunos para, de acuerdo con las limitaciones de la tasa de reposición, poder sacar estos puestos en una oferta pública de empleo".

Asimismo, la delegada explicó que "esta modificación cuenta con el apoyo de todas las centrales sindicales que tienen representación en el Ayuntamiento y el gobierno municipal solo lo ha llevado al Pleno una vez que ha contado con este respaldo". "Se trata de dotar de estabilidad a una plantilla que depende de programas como éste de tratamiento a familias con menores en situación de riesgo que acaba ahora y que legalmente no se puede prorrogar. Es hora de que Participan e IU aclaren realmente si quieren o no que este servicio se siga prestando", señaló Macías.