Granados, ha reclamado el cese del superintendente y ha recalcado que el propio gobierno local estableció un protocolo para aquellos casos en los que cualquier funcionario estuviera investigado o pendiente de juicio oral.
Sin embargo, en este caso "no le han abierto información reservada", declaró el portavoz adjunto indicando que el PP solicitará al gobierno local que aclare el motivo por el que se ha saltado el procedimiento, pese a la notoriedad del esta situación en los medios de comunicación. A su juicio, al no ejecutar dicho protocolo, Cuenca "está haciendo un presunto pago de favores" al jefe de la Policía Local.
De igual modo, ha relatado que actualmente "hay diez plazas para funcionarios en oposición libre" y al PP le ha llamado la atención que la valoración psicológica, tradicionalmente realizada por el gabinete de atención al funcionario se haya externalizado.
Por este motivo, el grupo popular quiere conocer todos los detalles relativos al proceso de contratación de ese servicio externo, "si se ha invitado a empresas o si se ha contratado a dedo" y el motivo de esa "cierta arbitrariedad" para una "prueba tan importante".
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