El Gobierno ha presentado este lunes en el Congreso sus cuentas para 2019 como una defensa de "lo público". Los Presupuestos Generales, que de momento no cuentan con apoyos suficientes para su aprobación, son, en palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el producto de un "esfuerzo" del Ejecutivo que busca asentar "un colchón de seguridad" para la ciudadanía tras los años de crisis.

Los PGE, aún proyecto de ley, prevén una recaudación tributaria récord de 227.356 millones de euros, un 9,5% superior a la cifra lograda en 2018, y destinan el 57,31% del total a gasto social. El debate de las enmiendas a la totalidad está fijado para los próximos 12 y 13 de febrero; si se supera, el debate de enmiendas parciales se celebraría entre el 11 y 13 de marzo, antes de que el texto sea remitido al Senado.

Estas son las medidas más destacadas que incluyen los PGE 2019:

Es una de las partidas más importantes, según explicó el Gobierno tras el último Consejo de Ministros. Las cuentas de 2019 incluyen una revalorización general de las pensiones contributivas del 1,6%, tal y como se estableció en un Real Decreto Ley de medidas urgentes aprobado el pasado 28 de diciembre. Esto afectará a 9,6 millones de pensiones y supondrá un incremento de 2.481,10 millones de euros, hasta llegar a un gasto total de 135.268 millones (6,4% más que el 2018). Las pensiones mínimas y no contributivas (451.229) subirán un 3% (dejando fuera Euskadi y Navarra); y se incrementa la base reguladora de las pensiones de viudedad hasta el 60%. En cuanto a las pensiones de clases pasivas, aumentan el 5,5% su dotación, hasta los 15.501 millones de euros.

Siguiendo con el apartado social, la dotación para proteger situaciones de maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia aumenta un 11,7%, hasta los 2.858 millones de euros. Esto se debe a que hay más beneficiarios y a la ampliación del permiso de paternidad (incluida en el pacto con Podemos): pasa de cinco a ocho semanas, y eso supone un incremento de la dotación de 302 millones de euros (un 57,7%), hasta los 825 millones de euros.

Sube en dos puntos el tipo para las rentas del trabajo superiores a 130.000 euros, y en cuatro puntos para las rentas a partir de los 300.000 euros; todo esto afectará a  80.000 personas. Asimismo, se incrementa en cuatro puntos el tipo aplicable a las rentas del capital superiores a 140.000 euros. En cuanto a los impuestos indirectos, los productos de higiene femenina pasan del 10% al 4% de IVA. Baja también al 4% el IVA de libros, periódicos y revistas en formato electrónico; y al 10%, el de los servicios veterinarios.

Esta partida sube un 6% (2.116 millones de euros), hasta los 37.237 millones de euros. Casi el 25% de estos beneficios procederá del IRPF, y dentro de este, el de los rendimientos del trabajo crece un 91%, ya que se extiende a todos los contribuyentes del impuesto. Por otra parte, crecen un 25,4%, hasta los 1.383 millones, los beneficios derivados de la deducción por familias numerosas y personas con discapacidad a cargo.

La partida de becas y ayudas al estudio, dentro del gasto en Educación, aumenta en 150 millones de euros (+10,2%), hasta los 1.620 millones de euros, la cifra más alta de la serie histórica. Asimismo, se destinan 100 millones de euros (50 más) al material escolar gratuito en las etapas obligatorias. También se financia la mayor parte de los 34 millones de euros destinados al Programa Erasmus+, las becas para idiomas y el montante que se destina a las becas Séneca, que se recuperan este 2019. Por otro lado, suben en 25 millones de euros ayudas para comedor para familias en riesgo de exclusión social, y se promueve la universalización de la escuela entre los 0 y 3 años. Los municipios que no tienen superávit dispondrán de 30 millones para esta última medida.

Se suprime el copago de medicamentos para los pensionistas que cobren menos de 11.200 euros al año y para aquellas personas que perciban una prestación de la Seguridad Social por hijo o menor a cargo. Esta medida afectará a 6,8 millones de personas y tendrá un coste de 300 millones de euros.

Los PGE reflejan la subida del 22,3% pactada para el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), hasta los 900 euros. También recogen otra del 2% para el IPREM, hasta los 548,6 euros al mes (6.583,1 euros al año). El IPREM es el indicador que se utiliza para calcular las ayudas sociales, como las relativas a vivienda, becas o subsidios por desempleo, y el año pasado se congeló.

La partida para luchar contra la violencia machista queda en 220 millones de euros en 2019. Se duplica (de 20 a 40 millones) el dinero que va a parar a los ayuntamientos y hay 14 millones de euros para familias e instituciones sin fines lucrativos: el objetivo es proporcionar ayudas a mujeres víctimas de violencia de género y atender a víctimas de trata con fines de explotación sexual, entre otras cosas. Se amplía el número de programas de gasto que se analizan en el Informe de Impacto de Género hasta superar el 80% y se creará la Comisión Interministerial de Presupuestación con Perspectiva de Género.

Las retribuciones de los empleados públicos crecen un 2,25%, un porcentaje que podría incrementarse un 0,25% más a partir del 1 de julio si se alcanza el crecimiento previsto para 2018. Además, por la asignación de fondos adicionales, la subida podría alcanzar hasta el 2,75%. También se continúa con la equiparación salarial del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. Por otra parte, las mutualidades de funcionarios Muface, Isfas y Mugeju presentan una dotación conjunta de 2.644 millones de euros (+0,6%).

El dinero destinado a prestaciones por desempleo aumenta un 4% (+691 millones), hasta los 18.102 millones de euros. Además, se recupera el subsidio para mayores de 52 años, medida que beneficiará a 114.000 personas, y sube 50 euros (de 291 a 341 euros) la prestación para familias en situación de pobreza, cuyas rentas son inferiores al 50% de la renta considerada como umbral de la pobreza (unos 18.000 euros anuales). En casos de pobreza severa, cuando el umbral de la renta anual es inferior al 25% del umbral de la pobreza, la prestación por hijo a cargo se elevará hasta 588 euros. El Gobierno calcula que así podrá sacar de la pobreza infantil severa a cerca de 82.000 menores.

Se suprime la bonificación del diésel respecto a la gasolina, lo que supondrá un incremento del precio del gasóleo de 3,8 céntimos por litro para los consumidores particulares. Esto tendrá, según el Gobierno, un impacto de tres euros mensuales para el consumidor medio, el que realiza unos 15.000 kilómetros anuales. El 30% de la recaudación (unos 200 millones) se destinará a medidas de impulso a la movilidad sostenible. El incremento del gasóleo no recaerá ni sobre el gasóleo profesional ni sobre el gasóleo bonificado.

Las empresas que aumenten el número de mujeres en su consejo de administración podrán deducirse hasta el 10% de la retribución de las mismas en el impuesto de sociedades. El objetivo es cumplir la ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, que plantea una presencia "equilibrada".

Aumenta un 29,6% (94 millones), hasta los 412 millones de euros, la partida para acciones en favor de los inmigrantes y se recoge por primera vez una específica para la atención a menores extranjeros no acompañados (MENA), de 30 millones de euros; se podrán otorgar ayudas al alquiler a beneficiarios que abonen una renta de hasta 900 euros al mes, frente a la limitación anterior de 600 euros; Renfe recibirá una subvención para los trenes de Cercanías y Media Distancia de casi la mitad de los 2.430 millones de euros destinados a subvenciones al transporte (+13,1%); recuperación del convenio especial de personas cuidadoras no profesionales y el abono por parte del Estado de sus cotizaciones; reducción del tipo de Sociedades del 25 al 23% para empresas con facturación inferior a 1 millón de euros; supresión temporal del Impuesto sobre Patrimonio.