Los arrestos se han realizado en una operación conjunta entre la Guardia Civil con agentes del Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica y coordinada en España por la unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía General del Estado. El empresario todavía no ha sido localizado.

El secuestro tuvo lugar el pasado 25 de septiembre, cuando el empresario se disponía a salir del negocio que regenta en Costa Rica. Los secuestradores exigieron para su liberación cinco millones de dólares en bitcoins, que debían abonarse a través de monederos virtuales.

Tras diversas llamadas en las que se amenazaba con asesinar al empresario, la familia acordó realizar un pago de 950.800 dólares mediante el depósito del equivalente en bitcoins. Tras este pago, los autores del secuestro dejaron de comunicarse con la familia y la parte principal de la organización salió de Costa Rica con destino a Cuba, para ocultar el crimen y blanquear, a través del sistema financiero cubano, las ganancias obtenidas.

INVESTIGACIONES EN ESPAÑA

Las investigaciones en España comenzaron el 29 de septiembre, cuando la Guardia Civil recibió, a través de la Interpol, una solicitud de análisis en lo relativo al movimiento del dinero virtual que la familia del secuestrado había pagado a la organización.

Fruto del rastreo realizado por investigadores especializados en ciberdelincuencia, se lograron detectar varios monederos virtuales relacionados con la organización y la implicación directa en la ejecución de transferencias monetarias de algunos de los autores.

El 9 de noviembre Costa Rica informa la Guardia Civil de la salida de Cuba, con destino a España, del jefe de la organización, J.S.M.V., natural de Costa Rica y de 25 años, que entraba en el país por el aeropuerto de Madrid-Barajas. En los días posteriores los agentes observaron que esta persona estaba intentando alquilar una vivienda grande en la provincia de Alicante, con la posible intención de albergar al resto de integrantes de la organización criminal, que huyeron previamente con él a Cuba.

Así, el 19 de noviembre se detecta la entrada en España de tres adultos y una menor relacionados con la organización que, tras aterrizar en el aeropuerto Madrid-Barajas, se dirigen en transporte público hasta la localidad de La Nucía (Alicante) y se alojan en una vivienda unifamiliar previamente alquilada por el líder del grupo.

Trataban de pasar desapercibidos en España tomando medidas de seguridad en la vía pública, aportando datos de contacto erróneos y cambiando de domicilio con frecuencia. Además, llevaban un nivel de vida muy superior al que tenían en su país de origen, realizando diariamente sus traslados cotidianos en taxi y alojándose en viviendas por las que llegaron a pagar hasta 800 euros semanales.

En el momento de la detención se encontraban establecidos en una vivienda de alquiler en la localidad de Zaragoza y estaban realizando gestiones para adquirir un turismo.

Una vez avanzadas las investigaciones se diseño un operativo para detener toda la organización de forma simultánea en Costa Rica y en España el 11 de enero de 2019.

De esta forma, por parte de la Guardia Civil se ha detenido en Zaragoza al líder de la organización criminal y a dos mujeres consideradas las principales dinamizadoras a nivel intelectual del secuestro. Se ha realizado un registro de la vivienda que ocupaban en el que se han intervenido efectos informáticos y libros de contabilidad relacionados con los hechos, así como dinero en efectivo y tarjetas bancarias habilitadas para transacciones de criptodivisas.

Por su parte, en Costa Rica se han practicado nueve detenciones y diez registros domiciliarios, en los que igualmente se ha intervenido dinero en efectivo, efectos informáticos y otros elementos para la investigación.

Los detenidos en España han sido puestos a disposición judicial para realizar los trámites de extradición. El empresario estadounidense todavía no ha sido localizado.

CONTACTOS

Los contactos a nivel policial se han canalizado a través de Interpol y de la Red Iberoamericana antisecuestros, creada y liderada por la Guardia Civil desde 2015 que engloba a responsables de unidades policiales antisecuestro de toda Iberoamérica y permite un contacto directo y urgente a nivel operativo entre investigadores.

En el plano judicial, la unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía General del Estado ha mantenido contacto permanente con las autoridades de Costa Rica y ha posibilitado la rápida y correcta tramitación de todas las gestiones solicitadas por el país iberoamericano. De igual forma, la ejecución de la comisión rogatoria internacional en la que se solicitaba el registro de la vivienda ha sido llevada a cabo por el Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza.

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