Según fuentes conocedoras del caso, esta cantidad corresponde a las pensiones de Blasco, por su etapa como conseller de Solidaridad, de su exsecretaria general administrativa Tina Sanjuán, y a la nómina del exsubsecretario de Solidaridad Alexandre Catalá. El desglose de lo que corresponde a cada uno no ha trascendido.

De este modo, el Tribunal de Cuentas persigue que los condenados en este caso devuelvan los 1,7 millones de fondos públicos de la Generalitat que debieron destinarse a diversos proyectos de cooperación en Nicaragua, pero que se desviaron para que los responsables de la trama de corrupción compraran varios inmuebles en Valencia.

De los 1,7 millones de la ayuda humanitaria al Tercer Mundo solo llegaron a su destino 43.953 euros y el Tribunal de Cuentas ya cifró en 1.623.819 euros el quebranto para las arcas públicas valencianas. Con este embargo, la Generalitat ha podido recuperar hasta la fecha en torno a 650.000 euros de los 1,7 millones desviados.

En junio de 2015, el Tribunal Supremo (TS) condenó a Blasco a seis años y medio de cárcel por el fraude de ayudas al Tercer Mundo, dentro de la pieza 1 del conocido como caso Cooperación, relativa a irregularidades en la concesión de ayudas por parte de Solidaridad a la Fundación Cyes para proyectos en Nicaragua.

En el procedimiento penal del TSJCV ya se procedió a requerir la devolución de las cantidades a los empresarios pero es en el Tribunal de Cuentas donde corresponde la reclamación a las autoridades políticas y funcionarios condenados.