Ayerdi, en respuesta a una pregunta de Orain Bai en el pleno del Parlamento, ha afirmado que "el marco legal vigente define el derecho de huelga como un derecho fundamental, pero a la vez lo define como un derecho no ilimitado, puesto que existen otros bienes protegidos como la libertad de trabajo de los que no quieran sumarse a la huelga".

Así, ha incidido en que hay "varios bienes públicos a proteger: el derecho de huelga, el derecho al trabajo de los que no quieran secundar la huelga, el derecho de los trabajadores a que se respeten las condiciones de trabajo establecidas en el convenio sectorial, el derecho del empresario a tomar sus decisiones de organización y gestión, el derecho a la propiedad privada, y el bien público de la empresa en sí, por encima de sus dueños". "El Gobierno trata de proteger todos estos bienes y derechos", ha indicado, para señalar que en algunos casos la competencia es del poder judicial y en otros casos la Inspección de la Seguridad Social y de Trabajo puede dictar resoluciones sancionadoras.

Manu Ayerdi ha apuntado que en "el derecho de huelga hay conductas por parte de los trabajadores en huelga perfectamente posibles y legales y otras conductas que no, y lo mismo pasa con el empresario". "En este marco entramos y tratamos de actuar respetando este marco legal", ha indicado.

En cuanto a las subvenciones que recibe la empresa, Ayerdi ha explicado que estas ayudas se regulan por sus bases y "al Gobierno lo que le toca exigir es que se cumplan las bases reguladoras de cada subvención y en eso estamos".

La parlamentaria de Orain Bai Laura Pérez ha afirmado que Ayerdi "ha sido muy claro, cuando argumenta que el derecho de huelga no es ilimitado y frente a ello está haciendo valer un derecho al trabajo que ya nos gustaría que fuera fundamental". "Ayerdi está obviando que quienes defienden el derecho al trabajo digno son los huelguistas y el papel del poderes públicos debería ser garantizar que así sea", ha indicado.

Laura Pérez ha afirmado que "lo que pasa en Huerta de Peralta es que si el trabajo en el campo ya es duro de por sí, cuando no se respetan las condiciones laborales, el trabajo se convierte en semiesclavitud". "El Gobierno, en lugar de mediar entre empresa y trabajadores, manda a la Policía Foral a apalear a huelguistas, posicionándose claramente de parte de la patronal. El Gobierno debería ponerse de parte de los trabajadores", ha afirmado.

Ayerdi ha asegurado que está en contacto con la parte sindical y con la parte empresarial y ha subrayado que "es muy importa el derecho de los 40 trabajadores que están en huelga y también el de los 140 que están trabajando".