Ha considerado "lamentable" que los ayuntamientos de Tella-Sin, Plan y San Juan se hayan visto obligados a presentar una demanda ante la Audiencia Nacional para que la extinción y reversión al Estado del salto hidroeléctrico de Lafortunada-Cinqueta contemple la reversión a los municipios de las instalaciones ubicadas en montes de utilidad pública o en cualquier dominio local, y se realicen compensaciones por el exceso de explotación tras caducar la concesión.

Para acabar con esta situación, y a través de las iniciativas del senador Carles Mulet, CHA quiere conocer cuando va a impulsar el Gobierno de Pedro Sánchez cambios legislativos que permitan la restitución territorial a las zonas afectadas por los saltos hidroeléctricos.

"Consideramos positivo que la propia ministra para la Transición Ecológica del Gobierno de España, Teresa Ribera, reconociera en su comparecencia ante la Comisión para la Transición Ecológica del Senado, el pasado octubre, la necesidad de emprender cambios legislativos, dado que las condiciones actuales no son las mismas que en los momentos de concesión, para establecer un nuevo marco jurídico donde se reconozca la necesidad de establecer, por ley, medidas para paliar las afecciones soportadas durante décadas en las zonas afectadas por los saltos hidroeléctricos, pero es necesario que dé un paso más e impulse la legislación necesaria", ha apuntado.

Para Palacín, "a estas alturas nadie debería discutir que la energía generada por los saltos hidroeléctricos es una fuente de riqueza que debe repercutir en el lugar donde se genera, y es que solo el salto de Lafortunada-Cinqueta produce energía valorada en más de 4 millones de euros al año".

En esta línea y fruto de los acuerdos políticos entre Compromís y Chunta Aragonesista, el senador Carles Mulet, ha registrado la siguiente pregunta en la Cámara Alta: "¿Cuándo tiene previsto el Gobierno aprobar una normativa que asegure tanto la reversión pública de los saltos hidroeléctricos para los territorios afectados, una vez caduque las concesiones actuales, como la necesaria y justa compensación económica y social para las zonas afectadas, dado que es un problema que afecta especialmente a Aragón y concretamente a todas las comarcas pirenaicas?".