Podemos CyL exige reabrir cocinas propias en colegios públicos tras la aparición de gusanos en un centro de Toral

  • La portavoz de Educación del grupo parlamentario Podemos CyL, Lorena González, ha exigido la reapertura de cocinas propias en los centros educativos públicos para evitar casos como el denunciado en un colegio de Toral de los Vados (León), donde se han encotrado gusanos en uno de los platos del menú.

Así, Podemos, a través de un comunicado recogido por Europa Press,

denuncia que "mientras el gobierno del Partido Popular sigue diciendo que recalentar bandejas de plástico cocinadas por macroempresas a

cientos de kilómetros es más sano que reabrir las cocinas de los centros educativos, los niños siguen encontrándose gusanos, tuercas y larvas de gorgojo en sus menús escolares".

Una de las propuestas que la formación morada defiende desde su llegada

al Parlamento es, precisamente, reabrir las cocinas 'in situ' de los

centros educativos públicos para que los menús escolares se elaboren con

los productos de reconocida calidad de Castilla y León producidos por los agricultores y ganaderos.

González ha remarcado que "esta medida no se justifica únicamente con la mejora sustancial de la calidad alimentaria que se ofrecería a los niños y niñas sino también en el impulso económico que supondría para los agricultores y ganaderos de la Comunidad.

"Las universidades públicas, los hospitales, los centros penitenciarios,... todos los edificios públicos que deben servir comidas podrían volver a generar empleo en sus cocinas si volviésemos a consumir productos de proximidad de empresas o particulares afincados en Castilla y León, sin embargo, el Partido Popular prefiere seguir devaluando tanto la calidad alimenticia como la economía de los castellanos y leoneses", denuncia Podemos.

La procuradora berciana ha recordado que en 2014 ya hubo episodios en los que la otra multinacional que opera, Serunión, fue condenada por servir tuercas y larvas de gorgojo en los menús de escolares de León y Segovia. La propia Junta rebajó la multa inicial de 134.600 a 21.000 euros

"y, por supuesto, no rescindió el contrato con la empresa que sigue

haciendo negocio con la alimentación".

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