La primera jornada del juicio de la 'Operación Trucarro', que investigó la manipulación del kilometraje de vehículos de segunda mano que posteriormente eran puestos a la venta, ha arrancado con la petición de la nulidad de las escuchas telefónicas por parte de las defensas de los acusados.

Este juicio sienta en el banquillo de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña -con sede en Santiago- a J.G, el principal acusado de esta red; así como a cuatro de sus empleados de un taller de O Milladoiro, en Ames (A Coruña), por "cooperadores necesarios" según la Fiscalía, que considera que a través de sus servicios era como se llevaba a cabo la alteración de los kilómetros recorridos.

Además, son juzgados los responsables de siete de los 20 talleres y concesionarios acusados de poner a la venta estos vehículos con el kilometraje alterado. Los restantes establecimientos alcanzaron acuerdos de conformidad con el Ministerio público, unos pactos que incluyen el reconocimiento de los hechos por parte de quienes vendieron los coches, y la indemnización a los clientes estafados por esta red, que afectó a más de 300 personas.

La primera sesión de este juicio, que estaba previsto que se celebrase en abril de 2018 pero que fue aplazado por la huelga de los funcionarios de justicia, ha comenzado con la exposición de las cuestiones previas por parte de las partes.

ATENUANTE DE DILACIONES INDEBIDAS

El primero en intervenir ha sido el fiscal Jorge Fernández de Aránguiz, quien ha explicado que modificará su escrito de acusación para introducir el atenuante de dilaciones indebidas con carácter general para todos los acusados. Además, ha renunciado a llamar a dos agentes de la Guardia Civil como testigos y ha pedido introducir nueva documentación en la causa.

Tras la intervención del fiscal, ha comenzado el turno de palabra de los abogados de la defensa, que ha iniciado Evaristo Nogueira, el letrado del principal acusado J.G. En su intervención, y según él mismo explicó a la prensa, ha pedido la nulidad de las escuchas telefónicas, de las que partió toda la operación, por su "invalidez" toda vez que considera que fueron iniciadas de forma "irregular" y que partían de otra operación.

"Desde un punto de vista de la jurisprudencia del Tribunal Supremo esas escuchas telefónicas son nulas y se da el efecto piramidal, si las escuchas son nulas, todo lo que viene después es nulo", ha explicado Nogueira, que ha considerado que sería "interesante" que el juez se pronunciase sobre esta cuestión antes del inicio de las sesiones ordinarias del juicio para "saber a qué atenerse".

Además, Nogueira, ha pedido la nulidad de la entrada y registro en la nave de su representado por parte de Guardia Civil al considerar que se le concedió el derecho de contar con la presencia de un abogado pero después "no se le garantizó" la libre designación de un letrado.

LAS ESCUCHAS PROVENÍAN "DE UNA CAUSA ANTERIOR"

En la sesión ha tomado la palabra el abogado Manuel Ferreiro, defensor de uno de los empleados del principal acusado. El letrado también ha pedido la nulidad de las escuchas al considerar que provienen de "otra causa anterior" y "no constan documentadas todas las autorizaciones judiciales procedentes".

Tras ello ha avanzado a la prensa que, en su línea de defensa, argumentará que su defendido, "en ningún momento, tenía conocimiento de que los concesionarios pudiesen ocultar a los clientes la alteración de los kilómetros". "Hay fotografías que saldrán en el juicio en las que se ve que mi cliente altera los cuentakilómetros con el dueño del vehículo al lado, que es el propio propietario el que se lo pide", ha señalado.

Además, ha explicado que, en caso de que haya condena, alegará el tiempo transcurrido y que "ha reparado el daño, pagado su parte de la indemnización, para rebajar las penas.

PRESCRIPCIÓN DE LOS DELITOS

Además de la "invalidez" de las escuchas y la solicitud de "nulidad" de varios registros, otro de los puntos en común que han tenido algunas de las defensas, las de varios talleres acusados, es la prescripción de los hechos.

Así, la representante de uno de estos establecimientos, Vanesa Arias, ha asegurado que a su defendido se le atribuyen hechos similares a los que se le imputaban a otros 19 acusados cuyas piezas "fueron archivadas" al aceptarse que el delito había prescrito a los tres años.

"O se valora un plazo de tres años o un plazo de diez, hay 19 supuestos idénticos al que ahora nos ocupa", ha argumentado la letrada, que ha defendido que el taller al que representa debe "tener igualdad ante la ley". "Este principio obligaría a una misma respuesta a las personas que se encuentran en una misma causa", ha indicado.

Tras ella ha tomado la palabra Javier Sánchez Agustino, abogado de otro de los acusados y quien también ha considerado que las escuchas son "raíces probatorias ilícitas" y "contaminadas". "Ninguna raíz contaminada puede producir frutos lícitos", ha señalado este abogado, que también ha considerado que hay "trato desigual" en relación a la prescripción de los delitos.

En principio, las partes prevén que, tras la finalización de la exposición de las cuestiones previas el viernes, el juicio se retome la próxima semana con las comparecencias de los acusados.