El Decreto publicado este miércoles en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) establece que con efectos a 1 de enero de 2019, las retribuciones íntegras del personal al servicio de las entidades incluidas dentro del sector público autonómico no podrán experimentar un incremento global superior al 2,25 por ciento con respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2018, en términos de homogeneidad para los dos periodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal, como a la antigüedad del mismo.

Además de lo anterior y en los términos de la normativa básica estatal, si el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) a precios constantes en 2018 alcanzara o superase el 2,50 por ciento se añadirá, con efectos de 1 de julio de 2019, otro 0,25 por ciento de incremento salarial.

Para un crecimiento inferior al 2,50 por ciento del PIB, el incremento salarial disminuirá proporcionalmente.

Según la orden se podrá autorizar un incremento del 0,25 por ciento de la masa salarial, que podrá incrementarse hasta un 0,30 por ciento, para, entre otras medidas, la implantación de planes o proyectos de mejora de la productividad, o la eficiencia, la revisión de complementos específicos entre puestos con funciones equiparables, o la homologación de complementos de destino.