En una nota, el SAT ha manifestado que "la empresa recibe cuantiosas subvenciones de la Junta y alardea de cumplir una función social de integración de personas con discapacidad, pero no le tiembla el pulso al dejar en la calle a una trabajadora por su afiliación sindical".

Al respecto, según el sindicato, la empleada ha cumplido "de forma responsable" con su horario de seis horas diarias, de lunes a viernes -festivos nacionales incluidos- durante los tres años que ha estado contratada, por "un pírrico salario de 677 euros mensuales", y sin embargo la empresa aduce "causas económicas, por más que sus ingresos no hayan cambiado sustancialmente".

Ante ello, el SAT ha manifestado que "ante esta nueva injusticia de una empresa cuyo fin, supuestamente, es la integración social de personas con discapacidad, pero que en la realidad buscan su propio beneficio mediante salarios de miseria, prácticas disciplinarias draconianas y represión de la sindicación", insta a la Junta de Andalucía a "establecer mayores medidas de control de sus subvenciones, responsabilizándose y tomando medidas contra aquellas empresas que vulneren la dignidad de las trabajadoras".