Las dilaciones en procedimiento ha derivado en que la causa penal por la presunta comisión de delitos electorales del artículo 146.1 a) y 2 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) haya alcanzado los 12 años sin que haya podido ser sustanciado. La vista oral, tras una larga y procelosa instrucción, se suspendió por primera vez el pasado mes de mayo después de que el abogado de la acusación particular renunciase.

La causa, de la que ha entrado y salido como investigado en varias ocasiones quien era alcalde en ese momento, Francisco Ruiz Aguado, quien a su vez asumió el cargo mientras su predecesor, Cristóbal Fernández, cumplía la pena de inhabilitación a la que fue condenado también por delito electoral si bien posteriormente fue indultado, se inició a raíz de la denuncia que interpuso el grupo municipal del PP, tramitada por el Juzgado de Instrucción 1 de Vera.

En la citada denuncia se señalaba que, a través de un vecino que declaró como testigo posteriormente, se había tenido conocimiento de que el entonces regidor "había arrojado a un contenedor de basura próximo al Ayuntamiento, en periodo de elecciones, una bolsa que contenía resguardos de votos por correo rotos y con una serie de anotaciones manuscritas en los mismos que inducían a pensar que podía haber tratado de obtener votos a cambio de recompensas, dádivas, remuneraciones o promesas ofrecidas a diferentes vecinos".

La Audiencia Provincial se pronunció, no obstante, en julio de 2016 sobre el fondo de la cuestión y, haciendo suyos los argumentos de la Fiscalía, señaló que no existían "indicios racionales de criminalidad" frente al denunciado "pues ni de las testificales recibidas, ni de ninguna otra prueba, se desprende participación en los hechos, más allá de sospechas y conjeturas".

El Ministerio Público formuló su acusación en 2010 contra las exconcejalas del PSOE Josefa Ruiz y María del Rosario Fernández, quien fue indultada en diciembre de 2006 junto a su hermano y alcalde Cristóbal Fernández tras ser condenada a seis meses de inhabilitación por un delito electoral, así como para Josefa Cruz Orta.

Las tres se enfrentan a una petición fiscal de multa de 40 cuotas a diez euros al día, cuatro meses de multa a razón de razón de diez euros al día y un año de inhabilitación especial para cargo público.

"TE VOY A DAR UN PUESTO DE TRABAJO EN EL AYUNTAMIENTO"

Según recoge el escrito de calificación provisional, María del Rosario Fernández y Josefa Ruiz contactaron con una vecina de Almería y le requirieron para que se personará en el Ayuntamiento. Una vez allí, María del Rosario Fernández, entonces primera teniente de Alcalde, le habría dicho textualmente: "Me vas a votar por correo que te voy a dar un puesto de trabajo en el Ayuntamiento como limpiadora".

Posteriormente, esta vecina de Almería les habría "llevado el voto por correo tras recibirlo" y, ese mismo día, Josefa Ruiz presuntamente le habría dado "diez euros para que se pagara el billete de autobús" de vuelta desde Carboneras mientras le decía: "No te preocupes que vas a tener trabajo".

El Ministerio Público sostiene que la tercera acusada, Josefa Cruz, contactó con otro vecino que trabajaba en un bar del municipio y le habría solicitado "el voto por correo a su partido a cambio de permitir el Ayuntamiento la apertura de una terraza que facilitaría que pudiera seguir trabajando en el mismo". Supuestamente, este camarero le llevó el voto por correo una vez lo recibió.

El escrito concluye que ambos "votaron por correo en las elecciones de 25 de mayo de 2007 en la Oficina de Correos de Carboneras conforme los sobres electorales que les prepararon las acusadas".