La Confederación Intersindical Galega (CIG) ha avanzado que el año 2019 estará marcado por la "movilización social" para revertir un panorama laboral en el que "se consolida" el "empobrecimiento" de los trabajadores, el "aumento de la desigualdad" y el afianzamiento de la "precaridad" en los empleos de Galicia.

El secretario xeral de la central nacionalista, Paulo Carril, ha ofrecido este lunes una rueda de prensa en la que, acompañado por el responsable de negociación colectiva del sindicato, Francisco González Sío, ha hecho balance de la evolución de las condiciones laborales en Galicia a lo largo de una última década marcada por la crisis económica.

Así, Carril ha puesto el foco en la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores gallegos desde el año 2009, especialmente entre aquellos que perciben salarios más bajos y entre los menores de 35 años, el tramo de edad que "más" ha sufrido los efectos de la crisis.

En esta línea, ha subrayado que el crecimiento del empleo se produce en los sectores "con salarios más bajos", como es el caso de los dedicados al ocio, un ámbito en el que los sueldos se sitúan en 2019 "por debajo" de los que había hace una década.

Otro de los factores de relieve para la CIG en los últimos años es la continuidad de la brecha salarial entre hombres y mujeres, un factor que se redujo, según Paulo Carril, por la "destrucción de empleo" masculino en los puestos "mejor pagados". Con todo, las mujeres cobraron en 2018 un 21,6% menos que los hombres.

La central nacionalista incide en que "uno de cada tres" trabajadores gallegos perciben salarios "inferiores a 750 euros", todo dentro de un panorama laboral en el que "aumentan" las empresas multiservicios, los "falsos" autónomos y se hecha mano de las Empresas de Trabajo Temporal (ETTs) "de manera indiscrimada".

Para la CIG, la "falta de regulación" provocada por la reforma laboral aprobada por el PP en 2012 beneficia la crecida de los contratos temporales y la jornada parcial, lo que deja una realidad que refleja que, durante los años de la crisis, las rentas del trabajo cayeron "un 5,5%".

Así las cosas, la central nacionalista alerta de la "pérdida de población activa" que ha sufrido Galicia en los últimos diez años, en los que hay "105.000 personas ocupadas menos" con una "temporalidad" que ronda el 30%.

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Por todo ello, la CIG avanza que 2019 será un año marcado por la "movilización social" de cara a revertir la situación a través de la "negociación colectiva". "2018 demostró que el camino de la lucha es el único posible", ha aseverado Paulo Carril.

En este sentido, la central nacionalista marca como "premisa básica" para este año forzar al Gobierno central a que asuma de manera "inmediata" la derogación de la reforma laboral de 2012 como "única" vía"para que no se consolide el modelo de precaridad".

El responsable de negociación colectiva del sindicato, Francisco González Sío, marca como objetivos primordiales lograr la "recuperación salarial" a través del aumento de las rentas por encima del incremento del nivel de vida y, por otra parte, combatir "la precaridad y la pobreza salarial".

En primer lugar, reclama que los salarios suban por encima del IPC hasta en un "3 por ciento" y que el Salario Mínimo Interprofesional se fije en 992 euros para cumplir con la Carta Social Europea, que establece que el salario mínimo debe ser el 60% del salario medio.

Asimismo, González Sío subraya la importancia de que se implanten en los convenios laborales las cláusulas de "garantía salarial", que no existe "en el 40 por ciento" de los convenios; así como "prohibir" las escalas de entrada que provocan "que los trabajadores jóvenes cobren salarios más bajos".

PRECARIDAD

En cuanto a las medidas para combatir la precaridad, la CIG incide en la necesidad de "aumentar el control" sobre la "subcontratación" y las ETTs. Para ello, proponen "prohibir" la externacionalización de puestos de trabajo y "limitar" los contratos a tiempo parcial, los "falsos" autonómos y fomentar el "control" del trabajo tranfronterizo.

Respecto a esto último, el secretario de negociación colectiva del sindicato apunta que se trata de un problema presente en el sur de la provincia de Pontevedra, donde se contrata a trabajadores portugueses aplicando las condiciones imperantes en Portugal, cuyo salario mínimo se sitúa en 575 euros.

En definitiva, la CIG avanza que el recién iniciado año seguirá la senda de un 2018 en el que se incrementó la conflictividad laboral y confía en que las movilizaciones sirvan para romper la tendencia del mercado de trabajo desde el estallido de la crisis en 2008