El órgano, que preside el leonés Mario Amilivia, cumplió en 2018 los 15 años de función consultiva en Castilla y León alcanzando los 14.755 dictámenes emitidos, los cuales constituyen una garantía de legalidad, seguridad jurídica y un plus de calidad democrática.

De este modo, este consejo encabeza el balance de informes aprobados anualmente por estas instituciones al ser uno de los de composición más reducida, con solo tres miembros, y ejercer además con "eficacia" un mayor número de competencias en el ámbito estatal.

Por otro lado, en su competencia como Tarccyl, el órgano resolvió 131 recursos de contratación, un 8,3 por ciento más que en 2017, llegando así a 650 recursos resueltos, que suman 4.572 millones de euros, desde su puesta en marcha en 2012, según han indicado fuentes del Consejo Consultivo en un comunicado recogido por Europa Press.

De los resueltos el año pasado, 102 procedieron de procesos de contratación de consejerías y de municipios, principalmente por servicios y suministros; mientras, el 30 por ciento de las resoluciones dictadas estimaron total o parcialmente los recursos, el 56 por ciento los desestimaron y el resto fueron desistimientos e inadmisiones.

FUNCIÓN CONSULTIVA

En concreto, sobre la función consultiva el 52,4 por ciento de los dictámenes emitidos (292) fueron solicitados por los ayuntamientos y diputaciones; el 46,7 por ciento (260) por la Administración Autonómica a través de sus distintas consejerías, y el 0,9 por ciento (cinco) por las universidades públicas de la Comunidad.

A nivel autonómico, la Consejería de Sanidad destacó por solicitar 134 dictámenes, un 24 por ciento de los aprobados; mientras 34 fueron requeridos por la de Fomento y Medio Ambiente; 28 por la de Educación; 17 por la de la Presidencia; 15 por la de Familia; trece por Agricultura y Ganadería; once por Economía y Hacienda; y cuatro, respectivamente, por las de Cultura y Empleo.

Por provincias, Valladolid despuntó en solicitudes de consulta con un 22 por ciento (122), seguida de Burgos con el 15,3 por ciento (85); León con un 13,3 por ciento (74); Salamanca, 12,8 por ciento (71); Palencia, 9,3 por ciento (52); Zamora, 7,2 por ciento (40); Segovia, 5 por ciento (28); Ávila, 4,7 por ciento (26) y Soria, 0,72 por ciento (cuatro), mientras que el resto de los dictámenes demandados (55) tuvieron como ámbito el conjunto de la Comunidad al tratarse, por ejemplo, de anteproyectos de ley o reglamentos ejecutivos.

Según las estadísticas, la provincia desde la cual ha surgido históricamente un mayor número de consultas es León, con el resultado de 3.614 dictámenes que representan el 24,5 por ciento; mientras, Burgos ha sido la segunda con 2.133 (14,4 por ciento) y la tercera Salamanca con 1.868 (12,7 por ciento).

De las consultas solicitadas en 2018 por las nueve capitales de provincia de Castilla y León resultaron 153 dictámenes, que representan el 27,5 por ciento del total de los emitidos en el ejercicio, entre los cuales el Ayuntamiento de Soria ha sido el único de los consistorios capitalinos que no ha remitido consultas, ha señalado el Consejo Consultivo,.

Así, el Ayuntamiento de Valladolid se consolida en el primer lugar en solicitudes de consulta con 45, seguido del de la capital burgalesa con 30, Palencia con 22, Salamanca, 19; León, 15; Segovia, nueve; Zamora, ocho; y Ávila, cinco.

CLASIFICACIÓN DE DICTÁMENES

Según la clasificación de los dictámenes firmados en el año, la tercera parte de ellos 419 (75,2 por ciento) derivaron de consultas sobre responsabilidad patrimonial por daños o perjuicios causados por el normal o anormal funcionamiento de los servicios de las administraciones, 40 de revisión de oficio de los actos administrativos; 38 de reglamentos ejecutivos; 22 de consultas sobre contratación administrativa; doce de recursos administrativos; doce sobre modificaciones del planeamiento urbanístico; once sobre anteproyectos de ley, y uno, respectivamente, de convenios y acuerdos, proyectos de legislación delegada.

Asimismo, por segundo año consecutivo, destacó el número de reglamentos ejecutivos dictaminados (38), que junto con los once referentes a anteproyectos de ley como son los de

la red de protección de personas y familias vulnerables, la Conferencia de Alcaldes y Presidentes de Diputación, la Ley de Diálogo Civil y Democracia Participativa o la Ley de Transporte de Viajeros por Carretera, contribuyen a la mejora de la calidad de las normas que afectan a la Comunidad.

A nivel general, la estadística provisional refleja que se emitieron 294 dictámenes desestimatorios, 119 que estimaron total o parcialmente la reclamación pretendida y en al menos 24 de los procedimientos se resolvió la no procedencia de dictamen; mientras, el resto de los dictámenes aprobados resolvieron cuestiones normativas, asuntos sobre revisión de oficio, resoluciones contractuales o modificaciones urbanísticas.

Igualmente, la totalidad de las reclamaciones patrimoniales estudiadas arrojó en 2018 un total de 421 millones de euros, sobre todo en el ámbito de sanidad. Así, 129 de los dictámenes derivaron de consultas por negligencias o mala praxis sanitaria que sumaron 15,4 millones de euros, de los que se estimaron total y parcialmente 19 procedimientos en los que se reclamaban en conjunto más de 3 millones. Los complejos asistenciales de Valladolid, León y Burgos, con 31, 26 y 24, coparon el 63 por ciento de las consultas sobre reclamaciones por asistencias médicas.

Sin embargo, en relación a las cuantías reclamadas destacaron los dictámenes derivados de consultas por distintos daños y perjuicios a causa del funcionamiento de los servicios públicos como festejos populares, fugas de agua, tramitaciones de licencias urbanísticas o ruidos (110 dictámenes y 402 millones reclamados); daños generados por el mobiliario urbano (101 dictámenes y 1,4 millones); accidentes por el mal estado de las calzadas (63 dictámenes y 919.000 euros); atropellos de animales (siete dictámenes y 48.700 euros); los derivados de reclamaciones en procesos de selección de plazas de funcionarios (cuatro dictámenes y 181.000 euros); los causados durante el trabajo de los empleados públicos (tres dictámenes y 231.500 euros) y los derivados de accidentes escolares y daños de la fauna (un dictamen, respectivamente, con 12.000 y 220.000 euros reclamados).

Comparativamente al año 2017, descendió en 19 el número de dictámenes sobre responsabilidad patrimonial y en diez el de recursos administrativos, pero aumentaron los de revisión de oficio, contratación administrativa, anteproyectos de ley, reglamentos ejecutivos y modificación de planes urbanísticos.