Según ha avanzado el diario 'Las Provincias' en su edición de este viernes, Fiscalía ha archivado estas diligencias al no apreciar indicios delictivos en el fraccionamiento que denunciaban los 'populares' en la actividad 'Objetivos de Desarrollo del Milenio' de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación y con la 'Primavera Educativa' del departamento de Marzà.

Fiscalía de Valencia pidió a ambos departamentos una copia autenticada de todos los contratos sucritos en relación a ambas actividades, además de cualquier informe de Intervención, inspección o control posterior de esos contratos. Tras el análisis de todo ello, el ministerio público no ha visto delito y ha decidido archivar esta investigación.

El PPCV, mediante una denuncia formulada por la diputada Eva Ortiz de finales de diciembre de 2017, comunicó a Fiscalía hechos que consideraba que podían ser constitutivos de prevaricación y pedía al ministerio público la declaración de los funcionarios que hubieran tenido participación directa en estos contratos y de cuatro altos cargos a quien atribuía la responsabilidad directa: el director general de Cooperación, Federico Buyolo y actual responsable de la Oficina de la alta comisionada para la Agenda 2030 en España; el de Política Lingüística, Rubén Trenzano, y los consellers Manuel Alcaraz y Vicent Marzà.

Según denunciaba el PPCV, en ambos departamentos se realizaron conductas de fraccionamiento sistemático del objeto de los contratos administrativos "a los efectos de evitar la aplicación de procedimientos abiertos a la libre concurrencia, así como la auditoría de los órganos de la Intervención, otorgando contratos arbitrariamente, prescindiendo manifiesta y abusivamente de las exigencias legales, llegando a ordenar los pagos contra el expreso criterio de la Intervención".

En concreto, la denuncia se refería a cuatro contratos de la actividad 'Objetivos de Desarrollo del Milenio' de la Conselleria de Transparencia, según los 'populares', por importe global de 58.212 euros que, pese a estar destinados a un objeto único, "fueron fraccionados evitando así procedimientos más exigentes y un mayor grado de fiscalización".

En relación con la 'Primavera Educativa' de Educación, según el PPCV, observaban "numerosos y flagrantes incumplimientos del procedimiento y de los requisitos legales en la contratación" de las actividades, "efectuados con la única finalidad de adjudicar arbitrariamente determinados contratos y efectuar pagos de la misma forma arbitraria, cinematográficas, equipos, sonido, pantallas y ordenador".

RESPUESTA DE LAS CONSELLERIAS

La Conselleria de Educación negó en ese momento todos los extremos de la denuncia y alegó que no había fraccionamiento de contratos, que se confundía la 'Primavera Educativa' con otras actuaciones de su departamento. Además, argumentó que la suma de los contratos que se consideraban fraccionados no superaban "en ningún caso" las cuantías de un contrato menor, por lo que no se vulneraban ni eludían las normas de contratación de publicidad y concurrencia.

Cuando se superan los 6.000 euros, explicó Educación, constan las tres ofertas solicitadas y fueron fiscalizadas por la Intervención. Asimismo, agregó que la denuncia incurría en "errores materiales" o "falsas acusaciones" en datos y cuantías.

En cuanto a la denuncia a Transparencia, este departamento señaló que la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible no era una actividad sino un elemento que debía estar presente transversalmente en las políticas de la Generalitat y que son 17 objetivos.