Esta reducción de entidades, que habría supuesto una reducción de personal de hasta 619 efectivos, es fruto del plan de racionalización de la estructura del sector público y tiene por objetivo reducir el gasto público. Este acuerdo fue adoptado en marzo de 2010 en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

No obstante, según el informe desarrollado por el Tribunal de Cuentas que fiscaliza los procesos de extinción de entidades de estas CCAA, los datos aportados por las comunidades solo confirman la reducción de 427 efectivos, de los cuales el tribunal ha podido verificar un total de 281.

Con todo, según los procesos analizados, la mayoría del personal que trabajaba en entidades eliminadas han pasado a depender de la administración autonómica.

Los costes asociados a la reordenación han ascendido a 7,6 millones de euros. Según consta en las conclusiones del informe, la mayor parte de ese coste va a indemnizaciones por despido y en menor medida a gastos de tasas registrales, honorarios de liquidadores y gastos notariales.

ENTES QUE CAUSAN BAJA

Por comunidades fiscalizadas, desde el Tribunal de Cuentas informan de que Cantabria ha dado de baja 27 entes, Castilla-La Mancha 50, Extremadura 21, La Rioja seis y la Región de Murcia 49. En ese mismo proceso de reordenación se han creado 19 entidades nuevas sumando las de las cinco comunidades.

Por tipología de entidad, las bajas de las sociedades mercantiles representan un 43 por ciento del total, mientras que las fundaciones suponen un 24 por ciento de las bajas totales y los consorcios suponen el 15 por ciento.

Las actividades predominantes de las entidades eliminadas era el administrativo y el de servicios auxiliares, siguiéndole el de 'Administración Pública y Defensa', construcción y actividades artísticas y recreativas.

RECOMENDACIONES DEL TRIBUNAL

Desde el Tribunal de Cuentas recomiendan a las CCAA fiscalizadas que las unidades responsables o afectadas por esas extinciones deberían disponer de la documentación que explique los efectos económicos que ha conllevado esa eliminación para poder realizar un seguimiento. Asimismo, consideran necesario que las comunidades publiquen información relativa a esos procesos de extinción y reestructuración.

En este sentido, recomiendan además que tanto Extremadura como la Región de Murcia y Castilla-La Mancha valoren las eventuales duplicidades e ineficiencias de las entidades vigentes con el objetivo de valorar su supresión.

Por otro lado, el Tribunal de Cuentas recomienda al Parlamento de Cantabria que en el Plan de reestructuración del sector público empresarial y fundacional que ha instado a confeccionar al Gobierno cántabro se tengan en cuenta las posibles duplicidades analizadas en el informe del tribunal. Asimismo, les señala que deben detallar los objetivos, plazos y actuaciones a realizar y deben cuantificar los efectos económicos.