El asesor del grupo municipal 'popular' en el Ayuntamiento de València Luis Salom ha registrado este miércoles la anunciada queja ante el Defensor del Pueblo con el objetivo de que el Gobierno le informe del coste total del viaje en avión oficial del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Castellón en julio de este año, donde se entrevistó con la alcaldesa de la ciudad, Amparo Marco, y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y, posteriormente, acudió al Festival Internacional de Benicàssim (FIB).

Salom pide en su queja, a la que ha tenido acceso Europa Press, que la institución inicie sus actuaciones ante la Vicesecretaria General de la Presidencia del Gobierno por su "negativa" a cumplir con la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del pasado 10 de diciembre, que estimó su reclamación de acceso a información pública para conocer los gastos de este desplazamiento, según expone en el texto.

El asesor del PP critica en el escrito que la respuesta de la Vicesecretaria a su petición fue "esperpética" al hacer "una mezcla de distintos expedientes". En esa contestación, este departamento señalaba de forma textual: "En relación con el gasto total computado por el Departamento de Protocolo los días previos fue de 282,92 euros" e insistía en el carácter de secreto focial del uso del Falcón por parte del presidente del Gobierno y sus acompañantes.

Salom considera que esa respuesta hace "caso omiso" a la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que "ya resolvió que no era aplicable la Ley de Secretos Oficial al no ser posible desglosar la cifra total del coste de usar el Falcón, combustible, apertura especial del aeropuerto de Castellón, dispositivo de seguridad del Presidente, habitaciones de hotel, dietas, protocolo, gastos de manutención, etc".

Paralelamente, Salom ha presentado una reclamación en el Registro General del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en la que reitera los argumentos e insiste en volver a pedir la "correcta ejecución" de la resolución de este órgano del 10 diciembre "y que ha sido obviada a sabiendas por la Vicesecretaría General de la Presidencia del Gobierno, sin que haya presentado ningún recurso contencioso-administrativo contra dicha resolución".

En esta línea, señala que, de persistir la negativa a cumplir con su resolución, "resultaría pertinente que este Consejo de Transparencia instase al inicio del procedimiento sancionador contra la Vicesecretaría General de la Presidencia del Gobierno", previsto en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno por el "notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas".