Con el estreno de año, las empresas con inmuebles de bajo alquiler se enfrentan a la tesitura de decidir si mantienen tales arrendamientos, aun cuando puede pasarles factura vía aumentos en su deuda, reducen su uso o articulan alguna fórmula para adquirirlos o tener opción de compra futura.

La razón es que este martes, 1 de enero, entra en vigor una norma internacional bautizada en la jerga financiera como NIIF 16 que bajo la premisa de eliminar las diferencias contables actuales entre los contratos de arrendamiento financiero y los operativos, exigirá que ambas computen los gastos devengados como deuda.

Se trata de una regla que ya vige en los contratos de arrendamiento financieros o con opción de compra futura como son, por ejemplo, las operaciones de leasing. Sin embargo, en los alquileres al uso de inmuebles solo les aplicaba la obligación de computar las rentas como gastos de explotación con impacto únicamente en la cuenta de resultados.

A partir de ahora convertirá dicho arrendamiento en un pasivo o deuda, a la vez que engordará su patrimonio porque transforma el derecho de uso del inmueble en parte de su activo y condicionará además la cuenta de resultados.

El cambio afectará a las empresas que formulen sus cuentas en balances consolidados y bajo reglas contables internacionales -quedan fuera las sociedades individuales-. Rige además para contratos con una duración superior a los doces meses y por cuantías superiores a los 5.000 euros, excluyendo a los de importes y plazo inferiores.

A priori las empresas más afectadas son aquellas con grandes inmuebles y otros bienes arrendados como cadenas de distribución, hoteleras e, incluso, aerolíneas.

La banca está igualmente bajo foco por las grandes operaciones de 'sale and lease-back' que hizo en el pasado con la venta de edificios y oficinas donde se mantiene como inquilino para aflorar plusvalías en su día y obtener liquidez.

Su impacto obligará a revisar estrategias en función de los efectos a medio y largo plazo. Según fuentes financieras consultadas, podría "invitar" a efectuar cambios si al reconocer los pagos el aumento de la deuda "afecta al covenant" de su financiación.

Los 'covenants' son cláusulas incorporadas a un contrato de préstamo cuya finalidad es garantizar el repago. Pueden ser el compromiso de que la deuda no supere cierto múltiplo del Ebitda (resultado de explotación), mantener a un equipo de dirección o ejecutar una determinada estrategia.

Si saltan dichas garantías puede obligar a renegociar las condiciones de la financiación y añadir garantías o aplicar un precio superior. Las fuentes consultadas descartan estrategias únicas ya que depende de la situación de cada empresa y su carga de deuda, y si llegado el caso le merece la pena asumir un precio superior frente al coste que supondría buscar otra solución.