La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha encontrado nuevos datos que ha incorporado al sumario de la operación Púnica sobre las vías usadas por el PP de Madrid en la etapa de Esperanza Aguirre para su caja B y financiar sus costosas campañas electorales, informa El País. Se trata de cinco facturas que permiten desentrañar una madeja de siete sociedades que presuntamente sirvieron al partido para inyectar 687.500 euros de fondos públicos en las arcas 'populares' antes de los comicios de 2011.

La UCO cree que Ignacio González fue la pieza clave en esta trama, ya que era el número dos de Aguirre y el responsable de la campaña del PP de Madrid, informa El País.

Según el rotativo, la investigación parte de la denuncia que hizo en noviembre Silvano Corujo, ex número dos de la Agencia de Informática y Comunicación de la Comunidad de Madrid (ICM), en la que aseguraba que en una reunión en junio de 2012 entre su jefe, José Martínez Nicolás y altos cargos del PP madrileño, como Ignacio González, le solicitaron un millón de euros para sanear las cuentas del partido tras las elecciones del año anterior.

La UCO determinó que ICM infló el coste de contratos públicos de los que era adjudicataria Indra Sistemas a cambio de mordidas, dinero que luego engrosaba la caja B del partido y también los bolsillos de algunos directivos de la empresa pública.

La Guardia Civil analizó las relaciones entre Indra Sistemas y empresas relacionadas con el supuesto pago irregular de actos electorales del PP de Madrid. La investigación reveló que en 2012 y 2013, Indra pagó a una sociedad vinculada al empresario Óscar Sánchez Moyano, publicista y proveedor del PP en campañas electorales, un total de 687.497,58 euros. Esa cantidad se distribuyó en otras seis menores.

En 2017, el juez autorizó registros, entre ellos uno en la sede de Indra. Los agentes creen haber hallado pruebas que refuerzan las sospechas sobre el entramado que el PP madrileño usaba para ocultar gastos electorales. En estas nuevas cinco facturas halladas se ven escritos a mano números de diversas cuentas bancarias que la UCO no conocía y que ahora creen que podrían ser usadas para mover el dinero y dificultar su seguimiento.