Así lo solicita al juez de Instrucción 2, César Gil Margareto, en su recurso de reforma contra una providencia del mismo juez, de fecha 21 de diciembre, en la que éste declaraba no haber lugar a la práctica de esta prueba al entender que ya había finalizado el plazo para acordar nuevas diligencias, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Sin embargo, la defensa del que fuera secretario, viceconsejero de Economía y más tarde consejero delegado de Gesturcal S.A/ADE Parques insiste en que los informes solicitados no se tratan de nueva prueba sino de algo ya acordado hace un año y que aún no ha sido incorporado a la causa.

En concreto, se trata de que Gesturcal identifique a los asesores técnicos y jurídicos externos de la misma y aporte los contratos e informes otorgados de dicho asesoramiento, además de librar oficio a la Consejería de Hacienda a fin de que aporte el expediente administrativo completo sobre la autorización de endeudamiento para la compra del edificio de Arroyo de la Encomienda.

VULNERACIÓN DE DERECHOS

"No solicitamos que se acuerden nuevas diligencias, sino que se cumplan las ya acordadas hace más de un año, adoptándose para ello, por parte del tribunal, las medidas que se consideren oportunas para dotar de efectividad a los acuerdos adoptados", refleja el recurso de Delgado, cuyo letrado advierte de que de no practicarse podrían verse perjudicados los intereses de su representado y vulnerado su derecho a la defensa y a una tutela judicial efectiva.

La línea de defensa de Delgado para destacar el carácter "fundamental" de esta prueba se basa en que a lo largo de la fase de testificales, tanto testigos como investigados han venido a decir que siempre se ha traslado a los servicios internos de Gesturcal/ADE Parques la posibilidad de emisión de informes técnicos y jurídicos sobre el "día a día" del funcionamiento de este órgano.

Además, los informes requeridos tratan de mostrar que la decisión de compra del Edificio de Soluciones Empresariales, así como de recoger dicho endeudamiento en los presupuestos, tiene su punto de partida y final en la Consejería de Hacienda.

"Si se piden informes en el Consejo de Administración de Gesturcal y éstos, tanto técnicos como jurídicos, avalan la adquisición del inmueble se demostraría que la operación no se tomó de forma unilateral por Delgado y, por tanto, no hay dolo", concluye la defensa del investigado.