Sala de apuestas
Apuestas deportivas dentro de un salón de juegos en Tetuán. JORGE PARÍS

La Comunidad de Madrid es, a día de hoy, una de las únicas autonomías de España que no contempla ningún límite en su normativa a la proliferación de los salones de juego. Solo otras dos regiones son igual de permisivas: Asturias y Extremadura. Ambas poseen una tasa de implantación de este tipo de negocios mucho menor que la madrileña: 1,8 y 3,3 establecimientos por cada cien mil habitantes, respectivamente, frente a los 5 de Madrid que, con todo, está un punto por debajo de la media nacional.

Así lo reflejan los datos oficiales recopilados por la Dirección de Ordenación del Juego del Gobierno autonómico. En total, 14 comunidades han ido incluyendo algún tipo de restricción en sus normativas durante la última década, ya sea en términos de planificación –fijando separaciones mínimas entre las salas y alrededor de espacios frecuentados por menores o ludópatas, por ejemplo– o de contingentación –estipulando un cupo máximo de locales–. En Madrid, estos límites todavía tardarán en llegar y, cuando lo hagan, no serán, en ningún caso, los más draconianos del país. Mientras, la Comunidad sigue apareciendo como "zona de expansión prioritaria" para la apertura de franquicias de una de las mayores marcas del sector.

Al borde de las elecciones

Durante 2018, Murcia ha reforzado sus reglas para contener la expansión palmaria del juego presencial y privado por su geografía. Los gobiernos de Cataluña y Baleares también han actualizado sus leyes. En octubre, la consejera madrileña de Economía, Engracia Hidalgo, anunció que le llegaba el turno a la región. Su reforma del juego se centrará principalmente en dos tipologías de local: los salones de azar (hay 385, según los últimos datos disponibles) y las casas de apuesta (190, el cuádruple que hace un lustro). Sin embargo, los trámites no han hecho más que empezar y la Comunidad rechaza que existan fundamentos para la alarma social. El director del juego, Fernando Prats, argumentó hace cuatro meses en la Asamblea que solo 193 de los 22.800 expedientes abiertos por sus diez inspectores acabaron en sanción durante 2017. La reforma ha generado públicas contradicciones en el Gobierno de Ángel Garrido y que se acelere, dilate o culmine depende solo de un partido al borde de unas elecciones.

Cabe recordar que, además de incluir lo anunciado –las barreras físicas para controlar el acceso–, el borrador estudia adoptar algún tipo de separación de estas salas de las "zonas frecuentadas por menores", como avanzó 20minutos. En España, los datos muestran que partidos de toda ideología han establecido delimitaciones similares.

Podemos ya ha presentado sus alegaciones. Quiere que esa distancia de seguridad que estudia implantar Economía proteja también a asociaciones de afectados y que sea de medio kilómetro. Además, reclama más ambición al Ejecutivo, al que exige prohibir el "bombardeo publicitario" en los medios públicos madrileños, como ocurre con el tabaco y el alcohol. Al tiempo, propone establecer un número máximo de licencias, algo a lo que se opone frontalmente el Ejecutivo y que, hoy por hoy, es una alternativa minoritaria.

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