En su escrito de conclusiones provisionales, recogido por Europa Press, la Fiscalía narra que los hechos acontecieron la mañana del pasado 19 de diciembre de 2017 en la urbanización Las Tinajas de Mairena del Aljarafe, en el chalé propiedad del empresario textil Joaquín Henares.

Hasta allí llegaron cuatro hombres luciendo lo que aparentaban ser placas de Policía, identificándose como miembros de la Policía Judicial de la Guardia Civil ante los dos jardineros que trabajaban en la parcela, quienes les franquearon la entrada y avisaron al dueño del recinto y empresario del sector textil.

Frente al empresario, uno de los miembros de este grupo, Antonio R.E., quien había pertenecido al cuerpo de la Guardia Civil, "se identificó como jefe del grupo de Policía Judicial y le manifestó que iban a hacer un registro en su casa al estar involucrado Joaquín, según le dijo el otro, en un presunto delito de narcotráfico y blanqueo de capitales, entrando con aquel otros tres o cuatro miembros del supuesto grupo de Policía Judicial, todos con las caras tapadas con pasamontañas y con placas policiales en el pecho y, al menos dos de ellos llevando chalecos con la leyenda "Policía".

Según la Fiscalía, el empresario "creyó en principio lo que le decían los asaltantes", quienes después "le preguntaron dónde estaban el dormitorio y las cajas fuertes, apremiándole para que colaborara y llegando a decirle que si no lo hacía, podrían hacerle algún mal a su mujer y a su hijo, que en ese momento ya no estaban en la casa".

En el dormitorio, según el relato de la Fiscalía, los asaltantes "se apoderaron de joyas, relojes y dinero, en total 3.200 euros en billetes", mientras otro de los miembros del grupo cacheó a los dos jardineros, "quitándoles el móvil y las llaves de la casa y obligándoles a sentarse en una habitación donde permanecieron sin poder salir, permanentemente vigilados".

CASI DIEZ ASALTANTES

Entretanto, al grupo de asaltantes se habían sumado otros hombres, algunos de ellos "saltando la tapia del chalet", hasta "llegar a un número próximo a la decena, todos vestidos con ropa oscura y pasamontañas en la cara", toda vez que varios de ellos lucían armas cortas al cinto. Los asaltantes, según el escrito de acusación de la Fiscalía, insistieron al empresario "preguntándole por las llaves de la cochera y exigiéndole que cooperara con ellos y les dijera dónde estaba el dinero, pues de no hacerlo, le decían que iba a pasar unos cuantos años en la cárcel".

Además, se hicieron con dos coches de alta gama, -un Porsche Cayenne de color negro y un Mercedes CLK 300 de color azul- que tenía el empresario en la cochera y los sacaron hasta la salida de vehículos del chalet, "dejándolos arrancados con idea de llevárselos".

A continuación, algunos miembros del grupo acudieron al lugar donde se guardaba la paja para los caballos bajo la premisa de que "era allí donde ocultaba el dinero que le había traído" al empresario alguien "que estaba detenido en Barcelona y que así lo había confesado". Mientras buscaban allí el dinero, "ataron con bridas" al empresario "al tiempo que lo golpeaban". Los asaltantes, siempre según la Fiscalía, habrían insistido al empresario para que revelase el lugar donde estaba el dinero, bajo la advertencia de que "si no colaboraba podrían matar a su mujer y a su hijo", tras lo cual le pusieron en la cabeza "una bolsa de plástico que apenas le permitía respirar, por lo que la víctima llegó a perder el conocimiento, que recuperó poco después, comprobando que seguían allí tres personas registrando la cochera, incluso buscando un falso techo que pudiera haber en tal lugar".

LLEGA LA POLICÍA

Pero en un momento dado, se personó en el chalé una patrulla de agentes de la Policía Local de Mairena, alertados por un ciudadano que alertó de que había "visto a varios individuos saltando la tapia desde el techo de un coche hasta el interior" del chalet. Ante la presencia policial, "los atracadores dieron la voz de alarma" y el miembro del grupo que custodiaba a los jardineros huyó, éstos salieron del recinto y, en la calle, relataron a los funcionarios de la Policía Local lo que estaba sucediendo.

En ese contexto, llegaron hasta el chalet dos agentes de la Guardia Civil que "habían recibido un aviso similar al de la Policía Local", con lo que los cuatro miembros de la Policía Local y la Benemérita entraron en el recinto. Allí, se encontraron con varios de los asaltantes y mientras los policías locales controlaban a dos de los delincuentes, los guardias civiles se dirigieron a Antonio R.E., quien les habría dicho que "era compañero suyo de Policía Judicial", toda vez que los agentes le requirieron para que se quitase el pasamontañas y se identificara.

Entonces, "de manera repentina e inesperada", Antonio R.E. "sacó su arma de la funda y encañonó a los agentes de la Guardia Civil, estando a poca distancia de ellos, como un metro y medio, y, aunque éstos lo intentaban tranquilizar, les decía que tiraran sus armas al suelo y que los iba a matar". Los agentes, según el escrito de la Fiscalía, intentaron tranquilizarle y recularon unos 20 metros hacia la salida del chalet, pero el individuo, "cada vez mas agresivo, acabó encañonando en exclusiva" a uno de ellos, toda vez que el otro guardia civil "aprovechó para desenfundar y montar su arma reglamentaria, encarándola hacía el agresor, que hizo amago de girarse con su pistola contra este funcionario, quien para proteger su vida y la de su compañero efectuó dos disparos" que acabaron con la vida de Antonio R.E.

En todo esto, los agentes de la Policía Local detuvieron a dos de los asaltantes y otro más de ellos fue arrestado en las inmediaciones del chalet, toda vez que "los demás atracadores consiguieron huir", si bien uno de ellos fue identificado sin haber sido detenido.

PENAS DE CÁRCEL

Por estos hechos, la Fiscalía atribuye a cada uno de los cuatro acusados tres delitos de usurpación de funciones públicas y otros tres delitos de detención ilegal respecto al empresario y cada uno de los dos jardineros, así como un delito de lesiones leves, todo ello con la agravante de disfraz, reclamando para cada uno de ellos 17 años de prisión y sendas multas de 900 euros. Además, pide que indemnicen con 19.470 euros al empresario y con 15.000 euros a cada uno de los empresarios, más el valor de los teléfonos móviles que les fueron sustraídos.