Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en un comunicado, la jueza considera que la investigación no permite sostener una acusación por delitos de malversación y prevaricación y descarta volver a unir este procedimiento a las otras dos piezas separadas relacionadas con la celebración de la prueba.

De esta forma, atiende la petición de archivo formulada por la defensa del 'expresident' el pasado octubre, tras examinar unos correos electrónicos aportados por el propio investigado que evidencian que Bancaja, "avalista inicial, no había firmado la novación contractual de 19 de julio de 2011". Es decir, el citado contrato de 19 de julio de 2011 para prorrogar la celebración de la prueba "no contenía relevación de garantía o avales de Bankia".

"En atención a las diligencias practicadas en estas actuaciones, considerando que no procede la realización de nuevas indagaciones y estimando que no existen indicios suficientes para formular una acusación fundada en derecho, procede decretar el sobreseimiento provisional del presente proceso", señala la magistrada en el auto.

Por tanto, entiende que la investigación no permite procesar a Camps por un delito continuado de prevaricación y por otro de malversación de caudales públicos, como pedía Anticorrupción. "La actividad instructora desarrollada no permite llegar a tal conclusión, toda vez que los informes emitidos por la UDEF, aunque amplios, no llegan a establecer, al menos con garantías, esa conclusión", señala en la resolución.

La instructora recuerda que ya sobreseyó en junio estas diligencias respecto a otros cuatro investigados -la exconsellera de Turismo y Deporte, Lola Johnson; dos exasesores de Camps (Belén Reyero y el exdirectivo de Sociedad Proyectos temáticos de la Comunitat Valenciana, Nicolás Figueras) y el responsable de Valmor Sports SL, el expiloto Jorge Martínez 'Aspar'-. Ahora no ve razones para volver a investigarles, como pedía la Abogacía de la Generalitat.

Del mismo modo, rechaza unir de nuevo este procedimiento a las otras dos piezas separadas relativas a la celebración del Gran Premio de Fórmula 1 en que se desgajó la querella inicial del ministerio fiscal.

"A salvo de consideraciones de carácter general, no explicita el letrado de la Generalitat razón concreta alguna por la que el Juzgado tendría que modificar los criterios ya establecidos en resoluciones firmes y admitidas por las partes", puntualiza la instructora.

La jueza cita jurisprudencia de la Audiencia Provincial de Valencia, según la cual, "resulta inútil, desde el punto de vista de los fines del proceso penal y de los derechos en juego, la prosecución del proceso si no existen razones sólidas que lo justifiquen".

De acuerdo con esa premisa, deben evitarse "consecuencias indeseadas e incompatibles con el principio de presunción de inocencia, como sometimiento al proceso primero y a juicio después, de personas con una apariencia de inocencia no desvirtuada con una razonada sospecha de culpabilidad".

FISCALÍA PEDÍA PROCESAR A CAMPS

La Fiscalía Anticorrupción pidió en junio el procesamiento de Camps por prevaricación y malversación de caudales públicos en la pieza del caso Valmor en la que se han investigado presuntas irregularidades en la organización del Gran Premio de Fórmula 1 en València. Por contra, pidió el sobreseimiento para los otros cuatro investigados.

En el caso de Camps, Anticorrupción entendía que el 'expresident' había llegado a un acuerdo verbal con el magnate de la F1 Bernie Ecclestone, al margen de procedimientos administrativos, para celebrar un Gran Premio de la F1 en València y que solicitó al entonces presidente de Bancaja, José Luis Olivas, que organizara el evento garantizándole que la Generalitat asumiría las pérdidas "comprometiendo fondos públicos al margen de ningún procedimiento administrativo".

Tras este archivo, Camps tiene tres causas más pendientes: la investigación en el Juzgado de Instrucción número 5 de València por las irregularidades en las contrataciones de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias para la visita del Papa Benedicto XVI, en la que tiene fecha para declarar en febrero; la del 17, que investiga presuntas irregularidades en las adjudicaciones para la construcción del circuito de la F-l por parte del Ente Gestor de Transportes y Puertos (GTP) de la Generalitat y la del Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional por el contrato a Orange Market, empresa de la trama Gürtel, para la instalación del stand de la Comunitat Valenciana en Fitur en 2009.