Del Olmo ha detallado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, este decreto por el cual se prorrogan por tercera vez los presupuestos, como ocurrió con los del año 2011 para el ejercicio 2012 y con las cuentas de 2016 para 2017, y que incluye también algunas modificaciones como la aplicación de la subida de al menos el 2,25 por ciento para los sueldos de los funcionarios autonómicos o nuevas bonificaciones en impuestos para, por ejemplo, la adquisición de vehículos eléctricos.

El texto dispone la prolongación de los créditos iniciales de 2018 en todos los capítulos, con carácter general, y específicamente los asociados a todo acuerdo, plan o compromiso realizados por la Junta con anterioridad al 31 de diciembre de este año, así como los que resulten imprescindibles para atender los servicios públicos. Con ello, además de facilitar la gestión administrativa, se pretende garantizar el cumplimiento del objetivo de estabilidad.

La consejera de Economía y Hacienda, al igual que la portavoz de la Junta, ha justificado esta prórroga en las "incertidumbres" generadas por el Gobierno de España que, como ha recordado Del Olmo, no ha aprobado los objetivos individuales de estabilidad presupuestara y deuda pública para las Comunidades Autónoma para 2019.

La propuesta del Gobierno fue rechaza a finales de julio de este año y el Consejo de Ministros llevó nuevamente el acuerdo, que ya se ha aprobado en el Congreso, pero que precisamente hoy se debate en el Senado, por lo que aún no está aprobado el objetivo individual de deuda para Castilla y León, lo que impide elaborar el techo de gasto de la Comunidad, lo que daría inicio al periodo de tramitación presupuestaria, de acuerdo con la Ley autonómica de Estabilidad y Disciplina Presupuestaria.

Todas estas circunstancias han impedido a la Junta elaborar y aprobar un anteproyecto presupuestario antes del primer día del ejercicio económico 2019. Por lo tanto, y de acuerdo con lo establecido tanto en el Estatuto de Autonomía como en la Ley de la Hacienda y el Sector Público de la Comunidad es necesario prorrogar las cuentas que están en vigor a partir del 1 de enero y hasta el día en el que se aprueben las nuevas cuentas.

Del Olmo ha recordado que ocho comunidades autónomas españolas van a prorrogar sus Presupuestos, además de los generales del Estado, que también se extenderán a 2019, salvo que se aprobaran antes del 31 de diciembre.

El decreto recoge la prórroga de los créditos iniciales aprobados para 2018, salvo que correspondan a actuaciones que hayan concluido en este ejercicio o que estén financiadas con recursos finalistas cuya vigencia no pueda ampliarse.

Esto implica que, mientras se mantenga la prórroga, la Junta atenderá con normalidad los gastos de personal (capítulo 1); los derivados del funcionamiento habitual, en especial los que aseguran la prestación de los servicios públicos esenciales (capítulo 2), y los financieros y las operaciones de crédito de la Administración de la Comunidad (capítulos 3 y 9).

CONTINUIDAD EN EL GASTO

En cuanto al resto de los gastos, el decreto señala que estos se imputarán conforme a su naturaleza a los respectivos capítulos -4 ó de transferencias corrientes, 6 ó de inversiones reales, 7 ó de transferencias de capital y 8 ó de activos financieros- cuyos créditos se prorrogan, para dar continuidad a las medidas que se venían realizando en 2018.

Ello supone, y así lo concreta el decreto, que la Junta seguirá adelante con las partidas correspondientes a cualquier prestación que se realizaran de forma sistemática a lo largo del ejercicio 2018, así como las que resulten imprescindibles para atender el servicio público o cumplir una norma con rango de ley.

Añade también que, a estos efectos, se entiende por gastos correspondientes a actuaciones no finalizadas todos aquellos que se encuentren vinculados a acuerdos, planes o compromisos realizados por el Gobierno de Castilla y León con anterioridad al 31 de diciembre de 2018.

"SIN PROBLEMA" PARA GASTOS DERIVADOS DEL DIÁLOGO SOCIAL

En este sentido, Del Olmo ha precisado, ante las dudas manifestadas por algunos representantes sindicales, que los acuerdos derivados del Diálogo Social, al ser compromisos "habituales" adquiridos por el Gobierno regional antes de finales de este año y que además están establecidos por Ley, no habrá "problema" en que encajen en la prórroga, como podría ser el caso del incremento de cantidades para el Plan de Empleo, si se acuerda en la negociación con los agentes sociales y económicos.

De hecho, la consejera ha señalado como ejemplo de los nuevos gastos que permite este decreto la subida de sueldo a los funcionarios, fijada en el 2,25 por ciento y que supondrá una necesidad de gasto de unos 120 millones de euros. De hecho, esta modificación podría incluso aumentar en otro 0,25 por ciento si el crecimiento del PIB a finales de este año se sitúa por encima

del 2,5 por ciento, y en otro 0,25 en servicios puntuales si se cumplen los objetivos del déficit.

Otro de los compromisos que podrá contar con financiación es el de la reducción de las tasas universitarias en un cinco por ciento, para lo que será necesario realizar una transferencia a los centros académicos.

En cuanto a los impuestos, Pilar del Olmo, también ha garantizado la continuidad de los 51 beneficios fiscales que ya tenía vigente la Junta en 2018, mientras que los impuestos se mantienen "exactamente igual" salvo alguna inclusión como la nueva deducción con hasta un máximo de 4.000 euros por la compra de un coche eléctrico y el ingreso por el impuesto de residuos a la Central Nuclear de Garoña, en Burgos, cuya recaudación se dedicará a proyectos para revitalizar la economía del entorno.

A diferencia de lo que ocurriera en el Decreto por el que se regularon las condiciones de la Prórroga de los PGC para 2017, no se establecen limitaciones a la hora de imputar los gastos durante la prórroga, lo que conferirá más agilidad a la gestión administrativa del día a día.

No obstante, la regulación recuerda que la disponibilidad de los créditos prorrogados se encuentra supeditada al cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, pudiendo la Junta de Castilla y León, con el fin de garantizar el cumplimiento de dicho objetivo, declarar la no disponibilidad de parte de los créditos prorrogados.

Las normas de imputación de gastos reguladas en este proyecto de decreto afectan a todas las secciones presupuestarias, salvo a la 20, Cortes de Castilla y León e Instituciones propias de la Comunidad, y a la 31, Política Agraria Común (PAC).