El procedimiento para adquirir la nacionalidad española por residencia está regulado por el real decreto 1004/2015. Este entró en vigor el 6 de noviembre de hace tres años y fue el que introdujo la obligatoriedad de superar el polémico examen de conocimientos constitucionales y socioculturales de España, al que se añadió el de español para los no hispanohablantes.

Entre otras novedades también incluyó la obligatoriedad de que los expedientes sean resueltos en el plazo máximo de doce meses. Esto sin embargo no se está cumpliendo. El sistema está colapsado y, tras un proceso plagado de burocracia, los solicitantes esperan durante años hasta obtener una respuesta.

Tiempo de residencia

Los extranjeros deben haber vivido en España durante diez años, de forma legal y continuada, antes de solicitar la nacionalidad. Ese requisito presenta algunas excepciones y existen casos en los que el periodo puede verse reducido. En esa circunstancia están los refugiados, para quienes el plazo es de cinco años, y los nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal y las personas de origen sefardí, que pueden empezar las gestiones a los dos. Menos deben esperar aún por ejemplo los nacidos en España o los casados con un español. Para ellos, el tiempo de residencia necesario es de un año.

Documentos a aportar

Los solicitantes rellenan un formulario, y junto a él, aportan numerosa documentación, empezando por la que acredite que se acogen a alguno de los supuestos en los que el periodo de residencia exigido se reduce.

A esos papeles se suman el pasaporte, el justificante de haber pagado la tasa de 102 euros por iniciar el procedimiento, y los certificados de nacimiento y de antecedentes penales del país de origen, que suelen ascender a entre 300 y 400 euros.

Exámenes

Los interesados también deben superar las denominadas "pruebas relativas al grado de integración en la sociedad española" y que consisten en dos exámenes, uno sobre conocimientos constitucionales y socioculturales de España (CCSE) y otro de español (DELE A2).Estos son diseñados y administrados por el Instituto Cervantes, que, en caso de suspenso, da derecho a otra convocatoria. Por el siguiente CCSE no hay que volver a pagar; por el DELE A2, sí.

El primero, por el que se abonan 85 euros, consta de veinticinco preguntas tipo test, de las que hay que aprobar al menos quince. Todas se extraen de un listado de trescientas, incluido en un manual de estudio de casi cien páginas. El 60% de estas cuestiones se refieren a la Constitución y la organización administrativa y territorial del país y el 40% a la cultura, la historia y la sociedad españolas.

El segundo cuesta 124 euros y su aprobación otorga el diploma de español como lengua extranjera. El A2 hace referencia a un nivel básico, pero algunos afectados se quejan de la complejidad de una prueba que se divide en tres –un audio, una parte escrita y otra oral­– y que puede alargarse todo un día.

Vía telemática

Desde el 30 de junio de 2017, las solicitudes pueden presentarse por internet. Esto puso fin a las largas listas de espera que había en algunos registros civiles para entregar la documentación. El proceso telemático garantiza que la petición llega a la Dirección General de los Registros y el Notario y se obtiene un número de expediente. Entre quienes no acudieron a la vía online, hay quienes llevan años esperando dicho número.

Recurrir a la justicia

Si el interesado no obtiene respuesta pasado un año puede interponer un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional. Si lo hace, en uno o dos meses tendrá una resolución pero el proceso le habrá costado no menos de mil euros, entre abogado, procurador y poder para pleitos.