En concreto, y según una providencia de la citada instancia judicial recogida por Europa Press, el exgerente de la Mancomunidad del Guadalquivir está citado a las 11,15 horas para que declare como investigado, siendo además citadas otras tres personas pero en calidad de testigos.

A tal efecto, recordemos que la investigación deriva de una denuncia inicial de un trabajador respecto a una convocatoria "fantasma" de empleo de la Mancomunidad del Guadalquivir, que presta labores de recogida de residuos sólidos, recogida selectiva de residuos o limpieza viaria en 27 municipios, cuando la misma era dirigida por Julio Álvarez.

A partir de ahí, la propia Fiscalía solicitó que el expresidente de la Mancomunidad y exalcalde de La Puebla del Río declarase como investigado, merced a un informe de los servicios jurídicos de la Mancomunidad, del que "se desprende que al menos hubo tres contrataciones de trabajadores que se realizaron sin que conste que hubiera procedimiento de selección".

En ese sentido, Julio Álvarez González defendió en su comparecencia el pasado mes de mayo que aunque es cierto que firmaba los contratos de trabajo porque tal extremo formaba parte de su responsabilidad como presidente de la Mancomunidad, no tenía "ningún tipo de intervención" en los procesos de contratación. Es más, aseguró desconocer "el procedimiento administrativo que debía seguirse para la contratación de los trabajadores", pues "únicamente iba a la Mancomunidad para firmar la documentación".

Y es que según su tesis, su "equipo técnico traía el trabajo hecho" y él "sólo firmaba, entendiendo que los procedimientos eran conformes a la legislación" y preguntando siempre si las contrataciones "venían con el visto bueno de los sindicatos", cuyos representantes "tenían pleno conocimiento" de tales contrataciones.

Así, y según el acta de su comparecencia, recogida por Europa Press, Julio Álvarez González admitía que conocía a dos de los trabajadores cuyas contrataciones se investigan, al ser ambos vecinos de su municipio, insistiendo en que al firmar los contratos, estaba "convencido de que se habían tramitado conforme a la legalidad", dando así "por bueno" el trabajo previo del "equipo de recursos humanos".

Julio Álvarez González, recordémoslo, fue condenado en 2011 por un delito de malversación de caudales públicos, por gastar como alcalde de La Puebla un total de 6.098 euros en llamadas privadas a una sola mujer y a teléfonos eróticos, con el teléfono móvil del Ayuntamiento de dicha localidad sevillana.