Según establece la orden, la parte regulada del recibo eléctrico va a permanecer congelada por quinto año consecutivo, "lo que supone llevar al sistema eléctrico a un desajuste temporal".

La patronal que agrupa a las cinco grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y Viesgo) ha explicado que la orden aprobada también contempla la supresión de la regulación del servicio de disponibilidad de potencia de los pagos por capacidad. "Se trata de un servicio necesario, destinado a mantener disponibles las instalaciones requeridas para asegurar la cobertura de las puntas de demanda eléctrica y de los periodos de baja producción renovable, de modo que el suministro quede garantizado en todo momento", ha indicado.

En su opinión, la supresión del actual servicio de disponibilidad "es incomprensible" y no se acomoda a lo establecido en la regulación vigente, "que reconoce que el precio del mercado es una señal insuficiente para garantizar la cobertura del suministro de electricidad".

En este sentido, Aelec considera que no cabe anular el servicio de disponibilidad actual "hasta que no se definan y desarrollen unos mecanismos de capacidad acordes con la regulación europea y en línea con todos los países de nuestro entorno, para mantener la seguridad en el suministro de energía eléctrica".

Por otro lado, el texto aprobado establece que la retribución de la distribución se liquidará a cuenta hasta que no sea aprobada la orden correspondiente para el 2019.

Aelec subraya que esta decisión provoca que los ingresos de la actividad de distribución de energía eléctrica "siguen siendo provisionales", lo que significa que las empresas de distribución "no están percibiendo la retribución que les corresponde por las inversiones efectuadas desde el 2015".

También denuncia que estos retrasos se están produciendo en la aprobación de los planes de inversión de las empresas distribuidoras, de forma que a punto de terminar 2018 estas empresas no tienen aún aprobadas las inversiones a acometer en el propio 2018.

Para Aelec, hay que proceder cuanto antes a aprobar las órdenes ministeriales correspondientes con las retribuciones pendientes, así como los planes de inversión presentados por las empresas, "en aras de la necesaria seguridad jurídica de una actividad regulada como es el caso de la distribución eléctrica".

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