Así se ha puesto de manifiesto durante el Consejo Regional de Transportes que ha presidido el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien además ha presentado a los integrantes de este órgano la recién aprobada Ley de Transporte de Castilla y León.

En este marco se han abordado diversas cuestiones como lo relativo a los VTC y el Real Decreto-Ley 13/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de junio de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de arrendamiento de vehículos sin conductor que habilitó "de forma unilateral" a las comunidades autónomas a modificar las condiciones de explotación previstas para dichos vehículos en el Reglamento de Ordenación del Transporte Terrestre.

A este respecto, la Junta ha señalado que actualmente no existe en Castilla y León problemática en relación con el sector VTC, si bien ha apuntado que es "preciso" que el Ministerio de Fomento ponga en funcionamiento el registro electrónico de VTC establecido por el Real Decreto 1076/2017. Asimismo, se ha creado en el seno del Ministerio de Fomento un grupo de trabajo con el objeto de lograr una regulación uniforme y armonizada de todas las comunidades.

En Castilla y León existen a fecha actual 314 autorizaciones de VTC, sin que quede ninguna pendiente de decisión judicial. Coexisten, a su vez, 2.307 autorizaciones de taxi. La Junta ha detectado que solo operan 117 vehículos con licencia VTC, sin que se realicen tráficos de carácter urbano.

Por otro lado, el consejero ha presentado también al Consejo Regional de Transportes el borrador del Plan de Inspección del Transporte por Carretera de Castilla y León, que entrará en vigor en 2019.

El Plan presta una gran atención a las nuevas tecnologías, entre ellas, la utilización de tablets en control en carretera, la implantación del procedimiento de inspección por vía telemática y el intercambio de datos entre administraciones.

REFUERZO EN PAQUETERÍA Y VTC

Además, establece nuevas áreas en las que reforzar el control de exceso de peso, las plataformas de paquetería y un plan específico de inspección de los servicios de alquiler de los VTC. Se incluye un especial control del transporte realizado por no residentes y de las cooperativas de trabajo asociado.

Asimismo, contempla la vigilancia y control selectivo, entre otros, de los servicios de transporte de mercancías peligrosas y del transporte de viajeros, especialmente el de escolares y menores. Todo ello en estrecha e imprescindible colaboración con la Guardia Civil.

Por otra parte, durante la reunión se ha destacado el compromiso asumido por el Ministerio de Fomento en relación a la aprobación y entrada en vigor en enero de 2019 de la modificación del Reglamento de desarrollo de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, una vez que se han incorporado los pronunciamientos del Tribunal de Justicia Europeo sobre flota mínima y antigüedad de los vehículos.

Asimismo, a partir de enero entrará en vigor el visado de oficio y, con ello, la desaparición física de las tarjetas de transporte, lo cual redundará en una más ágil realización de los trámites administrativos y facilitará las relaciones entre la Administración y los transportistas.

Junto a estas cuestiones, el consejero ha explicado a los asistentes la nueva Ley de Transporte de Castilla y León, aprobada en el penúltimo Pleno de las Cortes y que establece por primera vez un marco jurídico legal estable y realista del transporte de viajeros por carretera y sus infraestructuras.

Suárez-Quiñones ha destacado el alto grado de participación de los grupos parlamentarios de las Cortes que han trabajado para mejorar el texto inicial propuesto por la Consejería, lo que ha permitido su aprobación sin ningún voto en contra.

El consejero ha insistido en que la nueva ley pone al ciudadano en primer plano al regular, por primera vez, un catálogo de derechos de las personas usuarias, con especial atención a las personas de movilidad reducida, así como su adecuada integración en los servicios de transporte público y en las infraestructuras complementarias al transporte.

El texto de la ley incluye las propuestas y demandas del sector, que cuenta con 2.315 empresas, mueve 6.307 vehículos y da empleo a 9.000 personas de forma directa y otras 3.000 de forma indirecta; todos ellos se verán afectados por el futuro vencimiento de las actuales concesiones por normativa europea.