Así lo han indicado en rueda de prensa la concejala de Bienestar Social, Eva Illán (Foro, el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Zona Urbana de Gijón (FAV), y el presidente vecinal de La Camocha, Emilio Torre.

Arias, en este sentido, se

ha basado en el decreto europeo de derechos sociales y económicos para rechazar los desahucios y para opinar que estos están más lejos de producirse que antes, aunque el

el tiempo corre en contra. A su juicio, para parar un desahucio lo que sirve es la presión social y la desobediencia civil.

"Se van a quedar en sus casas", ha augurado sobre las familias afectadas, compuestas muchas de ellas por personas de entre 70 o 75 años que viven situaciones "dramáticas y de vulnerabilidad muy grave", según él. Eso sí, ha advertido al Ayuntamiento que van a estar "muy vigilantes" con que se cumpla este protocolo acordado entre las tres partes y que se definirá en una reunión con las directoras de la Fundación Municipal de Servicios Sociales (FMSS) y de Emvisa.

La idea es elaborar un informe de cada una de las familias que puede ser desahuciada y mandarlo al juzgado de lo Mercantil que lleva el caso y que es el que envía las notificaciones al juzgado de instrucción que remite la orden de desahucio.

Ha insistido, en este caso, en la situación de vulnerabilidad económica "evidente" de estas personas de avanzada edad y que no pueden pagar los "escarceos mafiosos" del carbón. Es por ello que cree importante demostrar que frente a la "mafia" está la situación real, y para ello nada mejor que la información objetiva de un funcionario, a su juicio.

Illán, por su lado, ha explicado que se articulará un sistema de citas "lo mas rápido posible" para que se puedan comenzar a realizar estos informes, que suelen ser bastante rápidos de elaborar, según ella. La concejala ha confirmado, eso sí, que va a ser una prioridad del Gobierno local.

Torre, por su parte, ha agradecido la buena predisposición del Ayuntamiento ante unos desahucios "totalmente atípicos", ya que esas viviendas "nunca" tuvieron morosidad alguna con respecto a los pagos. Ha aludido, a este respecto, a la estrategia de la administración concursal de hacer ver que había impagos, cancelando la cuenta para que no pudieran abonar el alquiler.