En la sesión celebrada este miércoles en la Audiencia de Gipuzkoa, en San Sebastián, se ha acordado entre las instituciones integrantes, como son: Judicatura, Fiscalía, Letrados de la Administración de Justicia, Abogacía, Procuraduría, Policía, Instituto Vasco de Medicina Legal, Departamento de Trabajo y Justicia del Gobierno Vasco, Instituciones Penitenciarias, Diputación Foral de Gipuzkoa, Ayuntamientos de San Sebastián, Irun, Eibar y Bergara, y Emakunde, fijar los objetivos fundamentales para el año 2019.

Los citados objetivos son la mejora de los elementos de coordinación institucional para que la información obrante en los diversos sectores de la Administración esté disponible en el momento de la adopción de las decisiones judiciales sobre la protección inmediata de las víctimas. La finalidad es "permitir el máximo nivel de conocimiento a la hora de evaluar los riesgos de revictimización".

Otro de los propósitos es la articulación de una estrategia de acompañamiento de las víctimas desde el momento de la denuncia hasta la fecha celebración del juicio. La finalidad es "crear las mejores condiciones posibles para el testimonio de las afirmadas víctimas como fuente de prueba", ha explicado.

Asimismo, se llevará a cabo el replanteamiento de la estrategia de canalización de las denuncias de violencia de género por los cauces del enjuiciamiento rápido. La finalidad es permitir examinar si lo denunciado "es una manifestación de una violencia habitual o estable, evitando su encasillamiento automático como violencia coyuntural".

Para la consecución de estos objetivos, vinculados a la protección, atención y reparación a las víctimas, se ha decidido celebrar una reunión de trabajo conjunta cada tres meses. El próximo encuentro está previsto para el día 27 de marzo de 2019 a las 16.00 horas en la sede de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, en San Sebastián.