El gobierno municipal de Barcelona ha manifestado este miércoles su compromiso para trabajar cone el fin de evitar que la Fundación Francisco Franco abra una delegación en Barcelona, como ha anunciado la fundación recientemente. Han estado presentes en la comparecencia de este miércoles los grupos municipales del Ayuntamiento de Barcelona BComú, PDeCAT, ERC, PSC, la CUP y los concejales no adscritos.

También han participado las entidades memorialistas y de defensa de los derechos humanos invitadas, como por ejemplo la Asociación Catalana de Expresos Políticos del Franquismo, el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña o el Centro Irídia, entre otros.

El Ayuntamiento trasladará su petición de ilegalizar la Fundación Francisco Franco al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, que es el responsable de velar por la legalidad de las actividades de las fundaciones.

Los participantes han defendido que consideran que la actividad de la Fundación Francisco Franco es contraria a la Ley de Fundaciones, a la Ley de Memoria Histórica y a varios artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El texto que se debatirá el próximo viernes en el Plenario del Consejo Muncipal advierte que las actividades de apología de la figura de Franco y su dictadura no se ajustan a las finalidades de interés general exigidas por el ordenamiento vigente para el ejercicio del derecho de fundación.

En el encuentro de este miércoles han explicado las presuntas actuaciones ilegales de la fundación, destacando la carta que esta envío en 2016 a 355 alcaldes ofreciendo asistencia legal para evitar la retirada de los símbolos franquistas de las calles y edificios públicos que pedía la  Ley de Memoria Histórica.

Han recordado también que, a nivel internacional, el pasado 25 de octubre el Parlamento Europeo adoptó una resolución sobre el auge de la violencia neofascista en Europa, en la cual se hace referencia a la Fundación Nacional Francisco Franco.