La vista iba a celebrarse por videoconferencia, ya que estaba previsto que la procesada -para la que la Fiscalía solicita tres años y medio de prisión por aprovecharse de su condición de tutora legal de su prima, anciana e incapacitada judicialmente, para apropiarse de 118.800 euros- declarase por este medio desde los juzgados de Ejea de los Caballeros, en Zaragoza, próximos a la residencia donde reside.

Sin embargo, dada su avanzada edad y debido también a su salud, la nonagenaria no estaba en condiciones de desplazarse, y un sobrino suyo tampoco se ha querido arriesgar a trasladarla y asumir posibles responsabilidades.

Esto, unido a que no han podido personarse los médicos -forense, de la residencia y de cabecera- para emitir el correspondiente parte sobre el estado actual de salud de la acusada ha llevado a la sala a suspender el juicio sin señalar una nueva fecha para su celebración, ya que los magistrados están a expensas de recibir la información y documentación solicitada para justificar esos extremos y, mientras tanto, es "arriesgado" que vuelva a suceder lo mismo si se fija un nuevo día.

Así lo ha explicado el presidente de la Sección Tercera de la AP, Agustín Alonso Roca, al inicio de la vista a las partes, a las que ha manifestado que, desde el punto de vista procesal, "no ha quedado más remedio" que suspender el juicio, toda vez que la procesada se enfrenta a más de dos años de cárcel.

Tanto la fiscal como el abogado defensor se han mostrado conformes con la decisión y se han adherido a la misma, mientras que la Acusación Particular ha manifestado que está en desacuerdo no solo porque este procedimiento -que ya se ha anulado previamente- se está "convirtiendo en una tomadura de pelo", sino porque como ha recordado el derecho a la tutela judicial efectiva no es solo para los acusados, también para los perjudicados.

Argumento este último con el que está de acuerdo la sala, según ha trasladado el magistrado que la preside, que ha asegurado que comprende la protesta de la letrada de esta parte, que tiene "toda la razón".

Sin embargo, Alonso Roca ha apuntado que no tienen elementos de juicio para decir que todo lo alegado es una actuación ex profeso para tratar de evitar que sea una juzgada una mujer de 90 años alegando motivos de salud.

En este sentido, ha incidido en el deterioro físico y congnitivo al que aluden los médicos que la han atendido, que han puesto de manifiesto que es una señora "muy mayor" y que está "muy mal". El juez ha evidenciado en este sentido que las perspectivas, a medida que vayan pasando el tiempo y aplicando la lógica, es que su salud, lejos de mejorar, empeore.

De todas formas, ha apuntado que no se pueden avanzar las circunstancias, y ha abogado por esperar a los informes requeridos al médico forense -que ayer no pudo personarse en la residencia para comprobar el estado de la mujer- porque "la sala sabe de derecho, pero no sabe de medicina".

La idea es que determine si la acusada está en condiciones de ser trasladada de la residencia a los juzgados -que según la Acusación Particular está a "700 metros" de distancia-, prestar declaración por videoconferencia y estar presente en el juicio, cuya celebración estaba prevista para dos jornadas.

Ahora bien, a este último respecto, el presidente de la Sección Tercera de la AP se ha referido a la nueva jurisprudencia marcada por el Tribunal Constitucional, según la cual los procesados no están obligados a seguir toda la vista -solo su declaración y, si lo desean, en el momento de la última palabra-, aunque estar en toda la sesión es un derecho, que se ha de respetar tanto como las obligaciones.

Por lo demás, el magistrado también ha aclarado que ante la imposibilidad del forense de personarse en la residencia habían solicitado mediante un oficio urgente al médico adscrito al centro que emitiera un informe sobre el estado de salud de la anciana, tampoco ha sido posible, ya que este profesional solo está disponible en las instalaciones en horario de mañana.

No obstante, desde la dirección han remitido un email con un escrito adjunto en el que aseguran que la mujer está "muy mal", y tras señalar a modo de ejemplo que esa mañana se ha "mareado", detallan aspectos concretos de su tensión o frecuencia cardiaca. Desde el centro también se comprometían a solicitar cita con el médico de cabecera.

ACUSACIÓN

La acusada, que tenía 88 años cuando ocurrieron los hechos, iba a ser juzgada en una vista en la que los 13 herederos de la anciana ejercen la acusación particular, que solicita para ella seis años de prisión.

El juicio previsto para hoy se iba a celebrar el pasado mes de febrero pero tuvo que ser suspendido por incomparecencia de la imputada, cuya defensa justificó su ausencia aportando un informe médico y ante lo cual la sala acordó que fuese visitada por un médico forense.

Según el escrito de conclusiones provisionales del fiscal, la mujer era tutora legal de su tía anciana debido a que tenía demencia y un juzgado la incapacitó legalmente en 2003 y, prevaliéndose de la facultades atribuidas, procedió a realizar diversas disposiciones no justificadas de la cuenta de la incapacitada.

El fiscal destaca que en abril de 2015 se traspasó 40.000 euros a una cuenta corriente de su titularidad para la adquisición de un piso y que puso a su nombre. Pero también en febrero de ese año realizó otras tres disposiciones por 8.500 euros en total y no justificando el destino del dinero.

La acusada tampoco a justificado otros reíntegros realizados por ventanilla entre febrero de 2011 y agosto de 2015 por un total de 70.300 euros, que sumado a lo anterior hace un total de 118.800 euros.

Además de ello, como residía con su tutelada, la mujer llevó a vivir al piso en 2009 a un sobrino que, al igual que ella, vivía con todos los gastos costeados por la incapacitada.

El Juzgado solicitó a la mujer que rindiese cuentas de todo ese dinero retirado de la cuenta y reconoció los 40.000 euros del piso, mientras que el resto no pudo justificarlo.

Tras investigarle la Fiscalía por el delito de apropiación indebida, el cargo de tutor legal de la anciana pasó a la Fundación Marqués de Valdecilla. La mujer falleció en noviembre de 2016 dejando 13 herederos, que ejercerán la acusación particular en el juicio.

El fiscal considera los hechos un delito continuado de apropiación indebida por el que solicita una pena de tres años y medio de prisión para la acusada, a la que también reclama la devolución de los 118.800 euros más intereses.

Los herederos elevan la cantidad de la que se apropió la procesada hasta los 156.017 euros y consideran los hechos de un delito continuado de apropiación indebida agravada por lo que piden una pena seis años y un día de prisión.

La acusada, que también es mayor y en 2016 cuando le quitaron la tutela de su tía contaba con 88 años, niega los hechos y asegura que cualquier decisión que tomaba se la comunicaba a los sobrinos y entorno familiar de la incapacitada.