Según han explicado fuentes jurídicas, los afectados están siguiendo el protocolo inicialmente pactado, según el cual han de acudir a su médico de cabecera, que les deriva a un médico forense para constatar los daños causados por el tratamiento negligente. En caso de haberlos, se les remite a un odontólogo forense y después, pueden comenzar a recibir tratamiento si lo requieren.

El problema, de acuerdo a las mismas fuentes, es que la atención odontológica no está recogida en la cartera básica de sanidad de todas las comunidades autónomas y hay pacientes que no pueden así acceder a la atención médica requerida en el sistema público. Se trata de personas que han sufrido daños graves y que en muchos casos no cuentan con los recursos económicos para afrontar un nuevo tratamiento, entre otras razones, porque ya abonaron ese dinero a iDental.

La macrocausa está a cargo del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, donde De La Mata ha decidido estructurar el caso abriendo piezas separadas para cada uno de los procesos de denuncia incoados -sean individuales o grupales- y ya suman más de 1.500, por presuntos delitos de estafa continuada, apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, lesiones, contra la salud pública, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales.

También ha abierto una pieza separada para cada una de las víctimas, y sin que se haya efectuado aún un recuento total de afectados, ya superan en la causa más de 8.000. No obstante, en la primera reunión que el magistrado tuvo con los responsables autonómicos el pasado mes de septiembre para coordinar la recogida de información de los pacientes, la cifra de potenciales damnificados se estimó en 400.000 personas en toda España.

De momento, se han personado como acusación popular las organizaciones de consumidores Facua y OCU, que puede acabar ejerciendo de acusación particular por haber aportado denuncias de afectados, así como el Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos.

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